Xalapa | 2024-08-26
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, reveló que desde que asumió el cargo en 2016 sólo un servidor público ha sido sancionado por desaparición forzada en la entidad, a pesar de las múltiples recomendaciones emitidas por el organismo.
Esta situación fue expuesta durante su participación en el conversatorio "Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada", organizado por la Universidad Veracruzana en la Región Veracruz.
Ante Alán García Campos, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta de la CEDH destacó que, además de la desaparición forzada, otros temas críticos en materia de derechos humanos en Veracruz incluyen las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura.
A pesar de la visibilidad de estos problemas, la respuesta de las autoridades ha sido limitada y las sanciones siguen sin aplicarse.
Matzumoto Benítez señaló que el verdadero problema radica en que solo un servidor público ha sido sancionado hasta la fecha. Este bajo número de sanciones evidencia, según la presidenta de la CEDH, un problema grave de impunidad que afecta a las víctimas y sus familias.
En cuanto a la falta de debida diligencia para investigar desapariciones, la CEDH ha emitido 195 recomendaciones, resultando en la apertura de 139 procedimientos de responsabilidad, de los cuales solo cuatro servidores públicos han sido sancionados.
Matzumoto Benítez subrayó el impacto devastador de esta impunidad, no solo porque las violaciones de derechos humanos quedan sin castigo, sino también por el sufrimiento que esto provoca en las familias de las personas desaparecidas, quienes siguen luchando por acceder a la justicia.
La presidenta de la CEDH también abordó la falta de reparación del daño a las víctimas y sus familias, un problema que, según ella, agrava la situación de vulnerabilidad y revictimización.
Matzumoto Benítez enfatizó la necesidad de que las familias de los desaparecidos dejen de suplir a las autoridades en la búsqueda e investigación de sus seres queridos. Abogó por un trabajo coordinado entre todas las autoridades, "lejos de filias y fobias", para enfocar los esfuerzos en un mismo fin: la justicia para las víctimas.
Finalmente, la presidenta de la CEDH mencionó la crisis forense que enfrenta el estado, calificándola como un problema gravísimo.