Xalapa | 2024-10-06
Trabajadoras de la administración pública en Veracruz han denunciado ser víctimas de acoso laboral y sexual, acusando a sus superiores de referirse a ellas como "escorts" y hacer comentarios denigrantes, ofensivos con connotación sexual.
A pesar de las pruebas presentadas ante las instancias competentes, las afectadas señalan que sus casos han sido desestimados en la recta final del gobierno de Cuitláhuac García.
Las denunciantes critican que, aunque se implementó el "Protocolo de Atención a Víctimas de Acoso" durante el actual sexenio, directivos y colaboradores señalados por estas prácticas son protegidos por la Fiscalía del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y las contralorías internas.
En particular, señalaron al Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), donde el gerente general, Hazael Flores Castro, ha sido acusado de acoso y hostigamiento si ninguna consecuencia.
"A nivel administrativo han emitido acuerdos de archivo y la Fiscalía no investigó. Sin embargo, ante Derechos Humanos siguen abiertas tres quejas de trabajadoras que siguen su curso y ya se les brindaron medidas de protección", denunciaron algunas afectadas.
También indicaron que colaboradores cercanos a Flores Castro han sido denunciados por acoso laboral, sin que se haya respetado la política de "cero tolerancia al acoso" proclamada por el gobierno estatal.
Las trabajadoras afirmaron que, a pesar de las medidas de protección otorgadas, Flores Castro ha declarado públicamente que "todo está resuelto, que él está absuelto y que no hay delito que perseguir en su contra, algo que es mentira, pues al menos las quejas ante Derechos Humanos siguen su curso", señaló una de las víctimas.
"Hazael siempre presume que en el Tribunal tiene a Diana Aróstegui Carballo. Él presume que no va a pasar nada con estas denuncias porque ahí tienen a ´Dianita´. Lamentamos que no se hayan implementado los mecanismos de protección", afirmaron trabajadores de INVIVIENDA.
Las empleadas aseguraron que los mecanismos de protección no han funcionado y que en la dirección del organismo se ha incurrido en despidos injustificados, principalmente de adultos mayores, quienes fueron discriminados por supuesta falta de productividad.
"Nos han violentado nuestros derechos laborales. Durante los últimos seis años ha habido toda clase de abusos o situaciones de acoso. Por ejemplo, también hay cambios de adscripción sin cumplir con el procedimiento administrativo, despidos por cuestión de edad y también acoso sexual y laboral", detallaron las afectadas.
Las trabajadoras también recordaron que INVIVIENDA asignó y destinó dos bienes inmuebles ubicados en la reserva territorial Duport Ostión de Coatzacoalcos a la Secretaría de Gobierno para la edificación de la "Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses" y el "Panteón Forense". Este hecho genera suspicacias sobre las razones por las cuales las investigaciones ante la Fiscalía del Estado no han procedido y las carpetas de investigación han sido "congeladas".
Una de las afectadas, identificada con las iniciales M.B.S., procedió legalmente el 28 de diciembre de 2022 ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.
Ella denunció a Hazael Flores Castro por los delitos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. La carpeta de investigación XAL/DXI/FEMUJ/F7/1758/2022 fue abierta para investigar los hechos ocurridos en la ciudad de Córdoba.
La Fiscalía Especializada remitió las constancias al Distrito Judicial correspondiente para continuar la investigación mediante la carpeta CRD/FDXIV/FEMUJ/F5/1390/2023.
La víctima también presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se abrió el expediente DAV/0286/2023. Se le otorgaron medidas de protección, y otras dos trabajadoras también procedieron ante la Comisión.
"También se interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, donde se abrió el expediente No. CGE/OIC-Sedesol/INV/024/2023, y pese a las pruebas ofrecidas y declaración de testigos, la titular, María del Carmen Castro Blásquez, emitió el ´Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente de Investigación Administrativa´", lamentó la afectada.
Las trabajadoras afirman tener pruebas que demuestran el acoso sexual por parte de Hazael Flores Castro, incluyendo algunos comentarios explícitos hacia las empleadas.
"No puede ser que en este caso un gerente se pueda expresar de esa manera; hay evidencias de la forma en que se refiere a las trabajadoras, catalogando incluso a una compañera de ser ´escort´ o que se le marca su duraznito. Hay situaciones que se pueden comprobar", aseveró una de las afectadas.
Las denunciantes exigen que las autoridades correspondientes actúen conforme a la Ley y que se garanticen los mecanismos de protección para asegurar el respeto de sus derechos.