Xalapa | 2024-03-05
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, manifestó su negativa a firmar un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para permitir el voto de personas en situación de prisión preventiva en cárceles del estado.
Además, García Jiménez criticó al vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral del INE, Josué Cervantes Martínez, por su insistencia en el tema, calificándolo de "mañoso" y cuestionando su permanencia en el cargo por varios años.
"Es muy mañoso. Yo lo recibí varias veces y no cumple, no tiene palabra y por eso no nos vamos a arriesgar, se me hace muy extraño que quiera vulnerar la seguridad de las prisiones.
"Que diga claramente por qué, de quién defiende el derecho. Lástima que tenga en las manos al INE de Veracruz ¿Que no hay otro consejero en la Junta Local con más capacidad?", cuestionó García Jiménez.
El mandatario pidió al vocal ser más transparente respecto a su postura sobre el tema, señalando que le causa "sospecha".
"Que lo vea él por la vía legal, pero que se quite la máscara y digan si quieren que voten feminicida, jefes de plaza, que lo diga con toda claridad. Hay un tema de seguridad.
Y es que García Jiménez argumentó que la medida propuesta por el vocal ejecutivo podría comprometer la seguridad de las instalaciones carcelarias, afirmando que la prioridad debe ser mantener la integridad y el orden en dichos espacios.
En este sentido, hizo hincapié en que la decisión de no suscribir el convenio está respaldada por razones "de seguridad y legalidad".
"Se le respondió mediante oficio los argumentos de seguridad por los cuales no es posible hacerlo (...) Nosotros nos fuimos contra los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel, la pregunta que yo le haría al del INE es ¿quieren que ellos voten?
"No es cualquier cosa, es un tema de alta seguridad y es legal el tema".
Hay que recordar que Cervantes Martínez ha explicado que la iniciativa se basa en una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual establece que las personas en prisión preventiva, pero no sentenciadas, conservan su derecho al voto.
Sin embargo, García Jiménez rechazó esta interpretación, insistiendo en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad en los centros penitenciarios.