Xalapa | 2024-12-06
El senador veracruzano Manuel Huerta, afirmó que al lograrse la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se inicia el proceso histórico que fortalece el acceso del pueblo a una justicia pronta y equitativa.
En ese sentido, calificó a dicha reforma como el término de la época de privilegios y excesos de la oposición.
"Esta nueva Ley Orgánica da un acceso a la justicia con nueve títulos y 43 capítulos que establece las disposiciones relativas, estructura, integración, funcionamiento y competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"El Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los plenos regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito", explicó.
Detalló además que esta reforma transforma el Consejo de la Judicatura Federal en un órgano de administración judicial, dotado de independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones separado funcional y orgánicamente de la Suprema Corte de Justicia.
"Lo mismo ocurrirá con el Tribunal de Disciplina Judicial que se especializa en velar por la independencia, la imparcialidad, la honestidad y la integridad de la justicia.
"Órgano de administración judicial que se instruye como un cuerpo profesional de gobernanza Judicial que funcionará en pleno y comisiones con atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial de la Federación".
Manuel Huerta resaltó que con esta reforma se fortalece el acceso de la ciudadanía a una justicia pronta, imparcial y equitativa.
Además de establecer criterios claros que relacionan la gravedad de la falta con la sanción impuesta, lo que evita excesos punitivos y garantiza el derecho a una defensa adecuada, además de otorgar garantías de un uso eficiente, racional y austero de sus recursos.
El senador veracruzano dijo además que esta nueva estructura y sus funciones garantizan una cultura de respeto y protección de los derechos humanos dentro de la administración pública, además de ampliar las obligaciones patrimoniales que incluye las declaraciones de las sociedades de convivencia y dependientes económicos.