Xalapa | 2024-11-24
El sobreseimiento del proceso penal por desaparición forzada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, provocó la indignación de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.
Este caso, relacionado con el hallazgo de restos humanos en la barranca La Aurora, se está convirtiendo en un ejemplo de impunidad en violaciones graves a los derechos humanos.
Gilberto Lobato Cruz, coordinador del Consejo Estatal Ciudadano del Mecanismo de Búsqueda de Personas, expresó que la falta de responsables en casos emblemáticos refleja un retroceso en la justicia.
En su momento, la Fiscalía de Veracruz informó que en enero de 2016 fueron localizados los restos de al menos 19 personas en la barranca La Aurora, presuntas víctimas de desaparición forzada.
Según las investigaciones, autoridades del gobierno estatal, entre ellas el exgobernador Duarte, el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y el exfiscal, Luis Ángel Bravo, habrían ocultado información para minimizar el impacto mediático, reportando únicamente la localización de seis cuerpos.
"Nos consterna que personajes que fueron ejecutores de estas acciones no estén siendo vinculados a procesos debido a cuestiones técnicas en las carpetas o decisiones de algunos jueces que otorgan amparos", mencionó.
El Consejo Estatal Ciudadano, explicó Lobato Cruz, se dedica a revisar y fortalecer las políticas públicas en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
"Lo que hoy se refleja es un trabajo conjunto con colectivos como Buscando a Nuestros y Nuestras Desaparecidas, buscando fortalecer las herramientas para una verdadera revisión de planes y acciones en esta materia", destacó.
Sin embargo, reconoció que este organismo no tiene competencias para supervisar procesos penales. Pese a ello, monitorean el impacto de las políticas públicas y buscan garantizar que los esfuerzos en la búsqueda de justicia sean efectivos.
Al respecto, el coordinador dijo que esto no los limita para cuestionar la labor de la Fiscalía en los procesos penales que inició en contra de presuntos responsables de desapariciones.
El caso de David Lara, un policía estatal desaparecido el 12 de enero de 2016 tras acudir a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Emiliano Zapata, resultó en la imputación en contra de Javier Duarte.
De acuerdo con la Fiscalía, los restos de policía fueron hallados junto a los de otras 18 personas en la barranca La Aurora, pero en su caso el cadáver fue trasladado y abandonado en la carretea que va hacia Alto Lucero.
En noviembre de 2022, Duarte había recibido prisión preventiva justificada por su presunta participación en este hecho. No obstante, el reciente sobreseimiento del proceso lo deja sin responsabilidad en una de las investigaciones más emblemáticas sobre desaparición forzada en Veracruz.