Xalapa | 2025-01-22
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) revisó en listado de las 11 mil empresas consideradas "fantasma" en toda la República, confirmando que el Gobierno de Cuitláhuac García dio contratos a 8, señaló la Auditora General, Delia González Cobos, al comparecer ante el Congreso del Estado.
Recordó que el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación especifica el listado o anexo de estas personas morales consideradas "fachada", por no contar con activos, infraestructura, personal, ni tampoco un domicilio.
Dijo que el ORFIS atendió los reportes de presuntas operaciones entre el Gobierno de Cuitláhuac García con 227 empresas bajo sospecha de ser "fantasma", confirmando que la administración estatal sí realizó operaciones con 8 empresas por 205 millones de pesos.
"Buscamos de esas empresas que habían sido señaladas en los medios (...), encontramos seis, siete, ocho empresas que realizaron operaciones por más de 205 millones de pesos", indicó la auditora general durante su comparecencia en el Congreso local.
Por esta razón, el ORFIS señaló que las empresas fueron contratadas pese a estar en dicho listado o anexo del Código Federal, de ahí que se clasificó cualquier operación como daño patrimonial, puesto que la Ley sanciona la celebración de contratos con ese tipo de empresas.
Admitió que por su parte, al realizar la revisión a las citadas 227 empresas señaladas de "fantasma", la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectó irregularidades, por ello el ORFIS debe de limitarse para no concurrir en las mismas funciones.
"Si no está en el anexo del 69-B y en el otro anexo para que no se celebren operaciones, no podemos decir si son empresas fantasma".
La funcionaria también fue cuestionada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Landa, quien le dijo que fue "evidente" el desaseo en la pasada administración estatal con la creación de empresas fantasmas, pero a la fecha no hay detenidos "ni charales, ni peces gordos" por lo que no dudó que el ente haya recibido "presiones políticas" para beneficiar al gobierno anterior.
Al respecto, Gonzáles Cobos respondió que todo proceso de fiscalización cumple un proceso por etapas, por lo que cada observación avanza y una vez que el propio Congreso aprueba o rechaza la Cuenta Pública, se pueden realizar las denuncias.
En ese sentido, dijo que de la pasada administración hay "de 280 a casi 300" expedientes abiertos, descartando algún beneficio al gobierno pasado.
"Acerca de las investigaciones que tenemos (...) estamos realizando aproximadamente 280, casi 300 expedientes de investigación que se inician una vez que concluye el procedimiento de fiscalización, y que el propio Congreso nos instruye para que iniciemos y le demos el seguimiento debido a esas presuntos daños patrimoniales", dijo.
Yunes Landa indicó que existe un "tufito con aroma a encubrimiento" y "sospechosismo" en caso de proveedores que mágicamente obtuvieron diversos contratos a pocos meses de haberse constituido.
Puso como ejemplo a la empresa "Soluciones y Milagros", misma que se dio de alta como proveedor de comercio al por mayor de ropa, pero el Gobierno de Veracruz le compró otros materiales como folders, lapiceros, tóner, agua purificada, persianas y hasta equipo médico.
La auditora dijo que el ORFIS revisó el caso de "Araly Rodriguez" – contratista con más de 100 millones de pesos en contratos- incluso antes de que se ventilara su caso y negó omisiones en la fiscalización.