Xalapa | 2025-02-04
Joana Marlen Bautista Flores, exfuncionaria del Poder Judicial del Estado de Veracruz, busca ampararse contra una inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos.
La sanción fue impuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, tras el procedimiento administrativo sancionador 29/2024-II en el que se le imputaron irregularidades durante su gestión como Directora General de Administración.
El Juez Primero de Distrito en Xalapa denegó la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo indirecto 863/2024. Bautista Flores impugnó la decisión y recurrió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
En su demanda, argumentó que el procedimiento carecía de fundamentación y motivación adecuadas y que debió aplicarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lugar de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Además, sostuvo que la sanción "vulneraba su derecho al trabajo, afectando su capacidad para generar ingresos y su reputación".
El Juez Primero de Distrito rechazó la suspensión al considerar que la inhabilitación representa un acto de interés social y público.
El Tribunal Colegiado respaldó esta decisión, señalando que "la suspensión provisional no puede otorgarse cuando se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público".
Los magistrados determinaron que los agravios presentados por Bautista Flores carecían de fundamento.
El proceso continuará con la acumulación del juicio de amparo 928/2024 al expediente 863/2024, ya que ambos casos reclaman la misma resolución emitida el 10 de septiembre de 2024 en el marco del procedimiento administrativo sancionador.
Cabe recordar que el Poder Judicial de Veracruz presentó una denuncia por la presunta contratación de empresas fantasma y otras irregularidades que ascendieron a casi 50 millones de pesos.
Bautista Flores y otros exfuncionarios están señalados de contratar presuntas empresas fachada, luego de que una auditoría reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que las personas morales operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.