Xalapa | 2024-10-30
A un mes de que concluya su periodo, la administración de Cuitláhuac García acumuló observaciones por más de 374 millones de pesos en la Segunda Entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023.
Este monto incluye posibles daños patrimoniales detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se identificaron irregularidades en diversas dependencias estatales y fondos federales asignados.
En particular, el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) registró observaciones por 180 millones 486 mil 100 pesos, señalándose a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).
Así como al Instituto Veracruzano de la Vivienda y los Servicios de Salud de Veracruz como responsables de pagos realizados sin comprobación documental.
La ASF reportó que estos pagos carecían de facturas y documentación probatoria de la recepción de bienes o servicios, incumpliendo la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
También se detectaron adjudicaciones de contratos sin licitación pública y contratos de depósito temporal de equipo médico para hospitales, lo cual provocó ajustes en los plazos de entrega.
Asimismo, la ASF encontró que recursos del FISE fueron transferidos a cuentas de diversas instituciones sin registrar los rendimientos financieros generados, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Otra observación importante corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en el cual se reportaron irregularidades por 167 millones 883 mil 500 pesos.
Las entidades involucradas incluyen la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el Instituto de Pensiones, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).
Las observaciones de la ASF en este caso se enfocaron en la falta de documentación de contratos, pagos inconsistentes en obras de infraestructura y discrepancias en montos destinados a proyectos específicos como la "Construcción del Puente Vehicular El Maguey" y la "Ampliación de la Carretera Xalapa-Veracruz".
Estas irregularidades llevaron a la ASF a promover 12 sanciones administrativas contra funcionarios responsables.
En cuanto al manejo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), la ASF identificó un posible daño patrimonial de 31 millones de pesos debido a retrasos en la entrega de recursos, omisiones en la documentación de pagos y en la aplicación de sanciones a proveedores.
Las dependencias señaladas incluyen la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz y el Instituto de Espacios Educativos.
Estas entidades fueron observadas por transferencias de recursos a ejecutores de obras con demoras de hasta 67 días y por la entrega de beneficios a personas fallecidas.
El informe detalla que no se cobraron las penalizaciones establecidas para proveedores que incumplieron en la entrega, por lo que la ASF recomendó implementar medidas correctivas y procedió a sancionar a los funcionarios responsables.
Finalmente, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz también fue observado por un posible daño patrimonial de tres millones 707 mil 678.30 pesos.
Las irregularidades incluyen pagos a trabajadores que ya no laboraban en la institución, empleados en licencia sin goce de sueldo, y personal que no cumplía con los perfiles requeridos.
Además, se detectaron duplicidades en el pago de nóminas con otros fondos y falta de formatos de compatibilidad laboral, lo que generó acciones de responsabilidad administrativa promovidas por la ASF.