Xalapa | 2024-07-23
La LXVI Legislatura envió a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia una iniciativa propuesta por la diputada Janix Liliana Castro Muñoz, cuyo objetivo es reducir las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La propuesta, según explicó la legisladora, pretende dotar de autonomía e independencia plenas a la Fiscalía Anticorrupción, convirtiéndola en el único ente competente para investigar y judicializar delitos de corrupción, equiparando su jerarquía a la de la Fiscalía General en los asuntos de su competencia.
La iniciativa establece cuatro categorías de autonomía para la Fiscalía Anticorrupción: administrativa, técnica, de gestión y de decisión.
Administrativamente, la Fiscalía tendría independencia para gestionar su régimen laboral y administrativo. Técnicamente, podría decidir libremente sobre los métodos y procedimientos necesarios para cumplir sus objetivos.
En cuanto a la gestión, dispondría de recursos propios y suficientes. Finalmente, en la toma de decisiones, tendría la facultad exclusiva de emitir determinaciones sin necesidad de opiniones externas.
La FGE mantendría ciertas atribuciones, como el nombramiento y cambios de adscripción de su personal, excepto para los miembros de la Fiscalía Anticorrupción.
El Congreso del Estado tendría la potestad exclusiva de solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, eliminando la facultad compartida con la Fiscalía General. Asimismo, la figura del titular de la Fiscalía Anticorrupción se vería fortalecida, dotándolo de un amplio catálogo de funciones y atribuciones para asegurar un marco de seguridad jurídica.
La propuesta también contempla la desaparición de áreas de la FGE relacionadas con el combate a la corrupción, trasladando sus funciones y asuntos en trámite a la Fiscalía Anticorrupción. De aprobarse la iniciativa, la FGE realizaría las adecuaciones necesarias para garantizar los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, el Congreso del Estado tendría 30 días naturales para emitir la convocatoria y proceder al nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Actualmente, el cargo es ocupado por Clementina Salazar Cruz, designada en 2020 por un periodo de cinco años.