México | 2025-01-10
El pasado miércoles 8 de enero, pareciera que se vivió el "Morena Fest" en la inscripción de precandidatos a las alcaldías de Veracruz.
Fue singular el desfile en redes sociales mostrando su documento de inscripción de una larga lista de aspirantes, entre los que se ubicaban diputados locales y federales, funcionarios públicos actuales del desgobierno de Cuitláhuac, campesinos, representantes indígenas y juveniles, profesores, brigadistas, miembros de la comunidad LGBTQ+, exmilitantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y más.
¿Vaya salieron más chapulines que en temporada de lluvia!
Se asegura que fueron los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Coatepec y Poza Rica los que tuvieron más registros de aspirantes.
Sin conocer de manera exacta la cifra, se hablaba de que fueron más de 3,500 folios inscritos hasta el jueves antes de las 12 de la noche.
Una simple pregunta: ¿Usted cree que el Comité Nacional de Elecciones va a tener tiempo de leer todos los perfiles para su evaluación y designar quiénes van a una encuesta o designación directa?
Aquí algunos datos y cifras.
De entrada, cada aspirante debió haber descargado y llenado seis formatos, además de otros seis documentos adicionales que debieron entregar, que van desde la credencial de elector vigente por ambos lados, hasta "la documentación o archivos digitales que consideres para evidenciar tu trabajo y compromiso con el Proyecto de la Cuarta Transformación".
Haciendo una pequeña multiplicación, si fueron 3,500 los registrados, sumarían 42,000 documentos que revisar entendiendo que cada uno entregó 12.
El Comité Nacional de Elecciones tendría hasta el 13 de marzo para definir las precandidaturas aprobadas, es decir, 61 días de aquí a la fecha, por lo cual habrían de revisar cerca de 688.5 documentos trabajando ininterrumpidamente 24 horas.
Es un trabajo monumental, por eso dicen que lo más rápido y efectivo es el dedazo. ¿Usted cree que esto ocurra?
La extorsión, uno de los delitos que más afecta a la sociedad mexicana, sigue siendo un fenómeno incontrolable en diversas entidades del país, incluyendo Veracruz, que enfrenta un contexto crítico pese a los discursos oficiales que prometen soluciones.
En el panorama nacional, este delito no solo ha persistido, sino que ha evolucionado hacia formas más complejas, exacerbadas por la violencia de los cárteles y la debilidad institucional.
En Veracruz, las mesas de seguridad, diseñadas para coordinar esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y sectores, han demostrado ser ineficaces frente al problema de la extorsión.
Empresarios locales han señalado repetidamente la falta de resultados concretos, mientras que los ciudadanos viven bajo una constante amenaza.
En Coatzacoalcos, desde hace tiempo, hay documentos que explican la necesidad de formar una policía de élite en este delito. Los protocolos de formación existe, sin embargo, el documento parece estar olvidado en el cajón de un escritorio.
Este fenómeno no es exclusivo de Veracruz; entidades como Sinaloa, Michoacán y Quintana Roo también son testigos del incremento en casos de extorsión, lo que refleja una crisis nacional en materia de seguridad.
De acuerdo a información presentada recientemente, en Sinaloa, la pugna entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos" ha generado un ambiente de bandidaje que facilita el cobro de cuotas a comercios y empresas.
Las cifras oficiales de las Fiscalías estatales revelan un incremento significativo en las denuncias: de 42 víctimas en 2023 a 85 en 2024. Sin embargo, este dato solo representa una fracción del problema, ya que la cifra negra oculta hasta el 90 por ciento de los casos.
Los comerciantes pequeños, como los locatarios de Culiacán, relatan cómo pandillas aprovechan el caos para exigir pagos bajo amenazas de saqueos, vandalismo o incluso incendios.
Un ejemplo trágico de esta realidad es el asesinato del empresario restaurantero Jorge Peraza en noviembre de 2024.
Este crimen evidencia la desprotección de los comerciantes y el fracaso de las autoridades en brindar seguridad.
La situación no es distinta en Michoacán, donde los limoneros, productores de berries y aguacateros enfrentan extorsiones constantes.
En esa entidad, las denuncias aumentaron un 20 por ciento entre 2023 y 2024, pasando de 222 a 275 casos. En Apatzingán, un empresario del sector motociclista fue asesinado dentro de su negocio, mostrando el costo humano de esta problemática.
Quintana Roo, conocido por su atractivo turístico, también sufre las consecuencias del cobro de cuotas.
Comercios cercanos a las playas, hoteles y bares son blanco del crimen organizado, y las denuncias han aumentado en un 55 por ciento, de 105 a 163 casos en el último año.
En Veracruz, la situación no es tan alarmante en comparación con otras entidades, con un incremento del 6 por ciento en denuncias. Sin embargo, esta cifra no debe subestimarse, ya que el impacto en las comunidades es profundo.
Empresarios, pequeños comerciantes y ciudadanos enfrentan un panorama de incertidumbre y miedo, agravado por la incapacidad de las autoridades para ofrecer soluciones efectivas.
Además, es necesario revisar y reestructurar las mesas de seguridad para que sean un verdadero espacio de acción y no un simple acto protocolario.
La seguridad no puede seguir siendo un discurso vacío. Las autoridades deben priorizar la protección de los ciudadanos y la reactivación económica libre de amenazas criminales. Mientras la extorsión continúe asfixiando a los sectores productivos, México no podrá avanzar hacia un futuro de paz y prosperidad.
La seguridad es un derecho, no un privilegio, y garantizarla debe ser la máxima prioridad en la agenda nacional. ¿O no?
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