México | 2025-01-15
Pese al discurso oficial, las agresiones policiacas a ciudadanos siguen ocurriendo en la mayoría de los rincones del estado de Veracruz.
Y es la policía estatal quien lidera, y por mucho, las violaciones a los derechos humanos.
Parece que parte de su protocolo tiene que ver con amedrentar y generar miedo o hasta terror en la población que debería cuidar.
La siguiente historia ocurrió a un grupo de personas que laboran en la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Coatzacoalcos.
Como suele ocurrir, fueron invitados a participar en la celebración de los 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Previo al domingo en que se llevó a cabo el evento, salieron en un autobús donde se unieron a muchos grupos del país que acudieron como parte de la movilización de Morena para acompañar a la presidenta.
Sin contratiempo, regresaron a Coatzacoalcos cerca de las tres y cuarenta minutos de la mañana y aquí fue donde empezó su calvario.
La unidad los dejó en la madrugada sobre la banqueta frente a Soriana, que se encuentra por la terminal de autobuses.
Tres de ellos, dos mujeres y un hombre, decidieron tomar un taxi. Al tiempo que lo hacían, pasaba una patrulla de la policía estatal, la cual más adelante detuvo al taxista.
Al conductor lo hicieron bajar de la unidad, la revisaron sin encontrar ninguna anomalía. Sin embargo, a pesar de esto, hicieron bajar a los pasajeros, a quienes en primera instancia les preguntaron de dónde venían y hacia dónde iban.
Después, de manera altanera, solicitaron la identificación de cada uno de ellos, verificando la credencial de elector, y luego preguntándoles en dónde trabajaban, como si fueran ministerios públicos.
Pese a no encontrar ningún elemento que pudiera indicar un delito, siguieron alzando la voz y, con extrema autoridad, les pidieron una credencial de su trabajo para verificar sus dichos, misma que mostraron. Sin embargo, empezaron a cuestionar que una de las mujeres trajera una credencial de elector de Agua Dulce cuando trabajaba en Coatzacoalcos, como si esto no fuera normal.
Sin motivo alguno, la policía los trató como si hubieran delinquido.
Violentos proponentes, los trabajadores de la Secretaría de Bienestar sintieron miedo ante los policías estatales. Afortunadamente, los dejaron ir, no sin antes sufrir alguna crisis nerviosa. La noche es su predilección para delinquir.
Antier por la noche, el maestro periodista Arturo Reyes Isidoro relataba en su columna Prosa Aprisa otro hecho.
Cuarenta y cinco días después de que Rocío Nahle asumiera la gubernatura de Veracruz, diversos casos recientes han generado preocupación, destacando abusos policiales y la complicidad de las fuerzas de seguridad con el crimen.
Reyes Isidoro aseguraba que el periodista Luis Ramírez Baqueiro, cercano a la gobernadora, denunció públicamente un incidente grave en el que un comando policial encapuchado detuvo, amenazó y robó a un ciudadano en Xalapa.
La víctima fue despojada de dinero bajo amenaza y liberada tras ser advertida de represalias si denunciaba. Estos hechos, respaldados por evidencias como placas de vehículos oficiales, exponen la impunidad con la que operan los policías en la entidad.
Además, Ramírez Baqueiro relató otro caso ocurrido en la colonia Rafael Lucio, donde policías ministeriales y estatales irrumpieron violentamente en el domicilio de un profesor bajo falsas acusaciones.
Durante el operativo, destruyeron la vivienda, golpearon a familiares y robaron pertenencias. Aunque el profesor fue liberado por un juez debido a irregularidades en su detención, los responsables aún no enfrentan consecuencias legales.
La situación refleja un preocupante patrón de corrupción y abuso de poder en las fuerzas policiales, las cuales, según testimonios, extorsionan a ciudadanos incluso más que la delincuencia organizada.
Pese a las declaraciones de Nahle sobre su compromiso con "cero impunidad", estos eventos cuestionan la efectividad del discurso en su administración.
La gobernadora y su equipo deben intervenir de manera contundente para restaurar la seguridad y confianza en las instituciones. De lo contrario, la violencia y la impunidad podrían intensificarse, erosionando aún más la credibilidad del gobierno, sobre todo cuando la policía es el principal generador de violencia contra los ciudadanos.
Dice el dicho y aplica para los policías estatales: Cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Así las cosas.
Coatzacoalcos cerró el 2024 con cerca de 56 homicidios durante todo el año.
Datos de organismos nacionales del gobierno ubicaron a la ciudad con una percepción ciudadana de inseguridad por encima de Culiacán, Tijuana y Ciudad Juárez.
Pese a los crímenes que ocurrieron durante los 12 meses pasados, es inverosímil que los ciudadanos se sientan más seguros en aquellas ciudades, donde la violencia es ya una tradición.
Sin embargo, en los primeros cinco días del año 2025, la ciudad sureña ya acumulaba al menos dos muertos, lo cual indica que, al paso que va, podría romper su récord anual de víctimas.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, los hechos delictivos aumentaron 2.5 % en el mes de diciembre pasado.
En campaña a la gubernatura hubo una propuesta de trasladar la Secretaría de Seguridad Pública a Coatzacoalcos para atemperar la violencia en esta importante zona de millonarias inversiones. ¿Seguirá en pie o fue euforia proselitista?
El discurso y la preocupación real tienen que aterrizarse en los hechos. Veremos.
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