México | 2024-11-05
A lo largo del sexenio de este gobierno estatal que está por terminar, las denuncias contra el servicio de grúas fueron constantes.
Incluso el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y una diputada local se confrontaron luego de que se denunció el atraco en el que estaban incurriendo con este servicio.
En su momento se llegó a mencionar que era negocio del número dos en el estado. Se prometió solución, nunca llegó. Lo que persiste es el atraco.
Los testimonios recientes sobre presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las empresas concesionadas de grúas han encendido de nuevo una llama de indignación en Veracruz.
Lo cierto es que el servicio de grúas en el estado funciona como una "holding" de la Fiscalía General del Estado y de la policía de Veracruz.
A través de prácticas que dejan al ciudadano en una situación de indefensión y explotación económica, estos actores parecen beneficiarse de una cadena de favores en detrimento de aquellos que, ya golpeados por la inseguridad y el robo de sus vehículos, se ven obligados a pagar exorbitantes sumas para recuperarlos.
La lógica tras estos hechos resulta sencilla pero devastadora: cuando la policía recupera un vehículo robado o incauta una motocicleta, la Fiscalía, en lugar de resguardarlos en instalaciones propias, argumenta falta de espacio y los envía a corralones privados.
Esto, lejos de ser una medida de contingencia, parece haberse convertido en una práctica recurrente y deliberada.
Los ciudadanos terminan atrapados en un círculo vicioso en el que son revictimizados, primero por quienes les roban sus bienes y luego por las instituciones y empresas que deberían protegerlos.
Para cualquier ciudadano que sufre el robo de un vehículo, la recuperación del mismo debería ser un alivio y una muestra de eficacia de las autoridades. Sin embargo, en Veracruz, esta sensación se convierte en una pesadilla.
Tras encontrar su vehículo, se les informa que se encuentra en un corralón privado y que deberán cubrir cuantiosos pagos por los días de estancia.
Casos como el de un trabajador que, después de que su camioneta fue robada, tuvo que desembolsar más de 10 mil pesos para recuperarla reflejan el grado de desprotección y abuso que enfrentan los ciudadanos.
Para esta persona, el robo no solo le costó un bien material, sino que le impuso una carga económica inesperada en la que ninguna de las autoridades involucradas ha mostrado interés por intervenir o compensar.
Otro aspecto inquietante es el testimonio de repartidores, quienes afirman ser detenidos sin justificación por la Policía Estatal y Vial.
Las historias de jóvenes interceptados bajo acusaciones vagas, como "aliento alcohólico" o faltas administrativas ambiguas, parecen mostrar un patrón de prácticas cuestionables.
A pesar de portar los documentos en regla y someterse a pruebas que demuestran su inocencia, muchos se ven forzados a pagar sumas cercanas a los cinco mil pesos para recuperar sus herramientas de trabajo, en este caso, sus motocicletas.
La impunidad y falta de supervisión adecuada permiten que estas prácticas persistan sin consecuencia alguna.
Para estos jóvenes trabajadores, la motocicleta es una herramienta indispensable. Sin ella, no pueden trabajar y, en consecuencia, no pueden subsistir. Al pedir prestado para pagar la liberación de sus vehículos, entran en un ciclo de endeudamiento innecesario.
La aparente complicidad entre las autoridades y las empresas privadas involucradas en el manejo de vehículos robados o incautados es un problema estructural que muestra una corrupción anidada en un sistema político que asegura ser diferente en Veracruz.
La Fiscalía y la SSP, en lugar de proteger a los ciudadanos, parecen servir a intereses privados, beneficiando a empresas de grúas y corralones con la carga económica de aquellos que, ya de por sí, han sido víctimas de robo o de detenciones arbitrarias.
Si bien el argumento de la falta de espacio en los corralones de la Fiscalía podría parecer razonable en un primer momento, la falta de transparencia y las cantidades que se exigen para liberar los vehículos plantean una pregunta fundamental: ¿Es realmente necesario que el ciudadano asuma estos costos, o se trata de un negocio disfrazado de "colaboración" entre el sector público y el privado?
Las autoridades, incluyendo a la Fiscalía y la SSP, deben rendir cuentas ante la ciudadanía, así como abrir canales efectivos para recibir y atender denuncias de abuso de poder.
Las políticas deben establecerse bajo principios de transparencia y justicia, con tarifas reguladas y procedimientos claros que resguarden los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Cuitláhuac se va a ir en deuda en muchos sectores, pero Veracruz se enfrenta a un reto de fondo, y el nuevo gobierno tiene la obligación de dar otros resultados, por ejemplo, romper con el esquema de complicidad que permite a ciertos actores obtener ganancias de la vulnerabilidad de sus ciudadanos.
Solo mediante una reforma real en el sistema de seguridad y justicia estatal, que establezca límites y regulaciones claras, será posible frenar esta cadena de abusos. Mientras, esperemos no caiga en las garras de estos atracadores "legales".
Contáctanos:
joluperezcruz@hotmail.com