México | 2025-02-24
Pese al evangelio de la 4T, Cuitláhuac García Jiménez y sus secuaces resultaron ser unos presuntos hampones.
"El no robar, no mentir", se fue a la basura en su sexenio.
El reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2023 ha dejado al descubierto una realidad incómoda para Veracruz: la entidad no solo lidera el ranking nacional de irregularidades financieras, sino que también ha consolidado un patrón de opacidad y mal manejo de recursos públicos que parece haberse convertido en una política de Estado.
Con más de 3,598 millones de pesos observados, de los cuales 1,724 millones corresponden a montos por aclarar, Veracruz se erige como un caso emblemático de la falta de transparencia y la impunidad que caracterizan a buena parte de la administración pública en México.
El informe de la ASF no solo revela cifras escandalosas, sino que también desnuda las contradicciones del discurso oficial.
Durante su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó sistemáticamente el incremento de la deuda pública. Sin embargo, los datos son contundentes: la deuda de Veracruz aumentó en 3,109 millones de pesos entre 2022 y 2023, alcanzando la cifra de 49,926.8 millones de pesos.
Este incremento, que contradice las afirmaciones del exmandatario y su equipo, no solo evidencia un manejo irresponsable de las finanzas públicas, sino también una falta de rendición de cuentas que afecta directamente a los ciudadanos.
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el mal manejo del gasto federalizado, que representa más del 90% de los ingresos totales de Veracruz.
Este tipo de recursos, destinados a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, han sido objeto de irregularidades que van desde la falta de comprobación hasta el desvío de fondos.
Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) registra 219.8 millones de pesos pendientes de aclarar, lo que refleja una gestión deficiente en un sector tan sensible como el de la salud pública.
Además, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) también presenta irregularidades significativas, con municipios como Ixhuatlán de Madero, Jalacingo y Tuxpan acumulando montos pendientes por aclarar que superan los 20 millones de pesos cada uno.
Estos fondos, destinados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, parecen haber sido utilizados de manera discrecional, lo que agrava las desigualdades y perpetúa el subdesarrollo en la entidad.
El sector educativo no escapa a esta ola de irregularidades. Instituciones como el Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas y el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan deben aclarar el manejo de 15.2 y 10.8 millones de pesos, respectivamente.
Estas cifras no solo reflejan un mal uso de los recursos, sino también un fracaso en la formación de capital humano, que es fundamental para el desarrollo económico y social de Veracruz.
El Itesco en Coatzacoalcos también está inmerso en malos manejos, según dichos de la nueva directora.
La educación superior, lejos de ser un motor de progreso, se ha convertido en otro eslabón de la cadena de corrupción que frena el avance del estado.
Las consecuencias de estas irregularidades no son abstractas; tienen un impacto directo en la vida de los veracruzanos.
La mala gestión de los recursos públicos se traduce en hospitales sin medicamentos, escuelas sin infraestructura adecuada y comunidades sin acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje.
Esto no solo refleja una gestión deficiente, sino también un desprecio por las necesidades más urgentes de la población.
Además, la opacidad en el manejo de los recursos públicos genera desconfianza en las instituciones. Cuando los ciudadanos perciben que sus impuestos son mal utilizados, se debilita el contrato social y se erosiona la legitimidad del Estado.
En un contexto como el de Veracruz, donde la pobreza y la desigualdad son endémicas, esta desconfianza puede tener consecuencias graves, desde el aumento de la migración hasta el crecimiento de la informalidad y la delincuencia.
El informe de la ASF sobre la Cuenta Pública 2023 es una llamada de atención urgente para Veracruz.
Las cifras son claras: la entidad no puede seguir funcionando como un feudo donde la opacidad y la corrupción son la norma.
Es necesario un cambio profundo que priorice la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de los ciudadanos.
De lo contrario, Veracruz seguirá siendo un ejemplo de lo que no debe ser un estado en un país que aspira a la democracia y el desarrollo.
En su momento, la oposición, hoy en el poder, llevó a pedir en muchas ocasiones meter en la cárcel a los ladrones de recursos públicos. ¿Pasará lo mismo con Cuitláhuac García Jiménez? Difícilmente, porque de entrada ya fue premiado con la titularidad en Cenagas.
Cuitláhuac resultó el Duarte de Morena. De eso no hay duda.
El segundo de los cinco tiempos o periodos de calendarización de las elecciones a las alcaldías de Veracruz se cumplió.
El viernes pasado culminaron los tiempos de precampaña, que abarcaron cerca de 19 días. El siguiente espacio, de acuerdo con los organismos electorales, es el registro de candidaturas entre el primero y el 10 de abril, para posteriormente arrancar la campaña del 29 de abril al 28 de mayo.
Quién aprovechó estos espacios y lleva cierta ventaja en el caminar, al resto de los que pudieran ser candidatos en Coatzacoalcos, es el aspirante de Movimiento Ciudadano, Christopher Alán Santos, El Gallo, quien se movió solo en ese periodo.
Hasta ayer domingo, PAN, Morena y PRI seguían sus propios protocolos en las designaciones de candidatos.
Por cierto, la especialista en consultas de opinión Massive Caller publicaba hace unos días algunas encuestas sobre quiénes saldrían favorecidos en sus propios partidos.
No sorprendían los resultados, como tampoco habrá sobresalto que quienes salen en los primeros lugares del sondeo queden fuera de la designación oficial.
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