México | 2025-02-06
Casi a la par de la salida de Ignacio Ovalle Fernández de la hoy desaparecida empresa estatal Segalmex, el 18 de abril de 2022 trascendió también que el gobierno de México había disuelto una unidad antinarcóticos de élite que durante 25 años había trabajado coordinadamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, lo que se consideró un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional.
El cambio de Ovalle a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, generó más suspicacias porque fue sustituido en Segalmex por Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La designación de Cota, más que por la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública de una red de corrupción dentro de Segalmex, parecía haberla propiciado otra investigación mucho más grave que se llevaba fuera de México.
A mediados de febrero de ese mismo año, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que dirigía Ovalle Fernández, primer jefe del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.
En noviembre de 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrió que Saab había movido 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
Este caso lo conoció el entonces senador republicano de origen cubano Marco Rubio, hoy flamante secretario de Estado de EU que está por visitar México y que anteayer no sólo declaró que no reconocen al venezolano Maduro como presidente, sino que además calificó de “enemigos de la humanidad” a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los aliados de la 4T mexicana.