México | 2024-12-11
A los 9 días de haber asumido Rocío Nahle la gubernatura de Veracruz, la recién estrenada administración estatal de la morenista recibió la primera mancha de sangre con el atentado mortal contra el diputado federal de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un caso que aún no ha sido esclarecido por las autoridades ministeriales, pero al que se le pretende dar el cariz de un crimen político.
Y es que el ataque directo contra el exalcalde serrano ocurrió coincidentemente en la víspera de la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que este martes encabezó en el puerto de Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la que acudió Nahle junto con los otros 31 gobernadoras y gobernadores del país, lo que obviamente desató todo tipo de especulaciones dado el golpe que hace apenas una semana fuerzas federales dieron a una poderosa red de huachicol en el municipio de Ignacio de la Llave mediante el despliegue del "Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo", logrando el aseguramiento de casi un millón 200 mil litros del llamado "huachicol", así como armamento, municiones, explosivos y 351 tractocamiones cuya propiedad se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este fatídico lunes 9, horas antes del atentado en Zongolica, los voceros del gobierno estatal difundieron el comunicado número 0039 con este encabezado: "Decomiso de huachicol en Ignacio de la Llave: reflejo de la coordinación con la Federación", retomando las declaraciones que por la mañana había hecho Nahle en una entrevista radiofónica, en la que la mandataria veracruzana "reafirmó el compromiso de su administración en una política de cero tolerancia a la impunidad y al robo de hidrocarburos, destacando que la coordinación con el Gobierno federal será estricta para mantener la legalidad, la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos".
Y aunque la intervención fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apoyadas por la Fiscalía General de la República, la gobernadora remarcó que "todos los días estamos en las mesas de seguridad y seguimos los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública federal".
"Es fundamental la coordinación con el titular, Omar García Harfuch, para atender estos temas y combatir frontalmente la delincuencia; este decomiso en Veracruz era parte de una investigación en curso", destacó la mandataria estatal, subrayando que "estas acciones son esenciales para garantizar la seguridad y combatir de manera efectiva actividades ilícitas que afectan la economía y la tranquilidad de las comunidades".
"Son buenas noticias, porque hay que combatir todo lo que sea delincuencia", puntualizó.
Ayer, en su cuenta de la red social X, Nahle expresó su "más sentido pésame a la familia del compañero diputado Benito Aguas Atlahua", comprometiéndose a garantizar "que las instituciones encargadas de procurar justicia en Veracruz trabajen hasta dar con los responsables".
En cambio, el senador morenista Manuel Huerta parece no confiar en la Fiscalía General del Estado, pues de su oficina filtraron que el exdelegado de la Secretaría del Bienestar iba a solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación del asesinato del exalcalde de Zongolica, con quien mantenía una estrecha relación.