lunes, 10 de agosto del 2020
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Trabajadores con COVID-19 en Veracruz denuncian mano negra de juez

Xalapa | 2020-08-10 | Jesús Ruiz
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Trabajadores del sector Salud que contrajeron COVID-19 señalaron que un juez federal les niega la posibilidad de ampararse para regresar a laborar hasta que estén completamente recuperados.

 

Se trata del juez federal José Ezequiel Santos Álvarez, titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito en Veracruz, quien ha desechado sus trámites por con el argumento de que carecen de firmas electrónicas para efectuar el trámite.

 

Explicaron que a la fecha no pueden presentarse personalmente en los juzgados o tramitar sus Firmas Electrónicas Certificadas ante el Poder Judicial de la Federación (FIREL), debido a su condición de salud.

 

Sin embargo, sus patrones reclaman la obligación que tienen a presentarse a realizar sus tareas, aunque insisten en que no están repuestos tras dar positivo a la enfermedad.

 

Argumentan que obligarlos a laborar sin estar completamente recuperados viola los términos del acuerdo para la implementación de medidas para el personal del IMSS y el oficio del 22 de marzo de 2020 sobre los cuidados al personal del IMSS y sus hijos menores, de ahí que optan por buscar la protección de la justicia federal.

 

Al respecto, refieren que el juez federal determina que al carecer de firma electrónica opta por desechar los juicios, aunque están impedidos para tramitarla por su condición actual de Salud y la imposibilidad de trasladarse a los juzgados.

 

Se trata de empleados que laboran en el IMSS y en el sector Salud, quienes aseguran que es el único juzgador que impone esta condición es el Décimo Octavo de Distrito.

 

Señalan que hay antecedentes de otros jueces federales que permiten a los afectados iniciar el juicio y cumplir con el trámite una vez que estén en condiciones de salud o si conceden a sus abogados la responsabilidad de hacerlo como sus representantes legales.

 

Lamentan que el juez determine que “el ampro puede promoverse únicamente a instancia de la parte agraviada”, de ahí que insistieron que el Poder Judicial de la Federación analice el actuar del juzgador.

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