Se complica recuperación de bienes de Javier Duarte en Estados Unidos
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La recuperación de bienes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos que habrían sido adquiridos por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y su familia política, comienza a complicarse, pues la 40 Corte de Apelaciones del estado de Texas falló en contra de una demanda interpuesta por el Gobierno de Veracruz hacia José Antonio Bandín Ruiz y Mónica Babayan Canal.
Cabe recordar que a través del despacho legal del abogado texano Tony Buzbee se interpusieron varias demandas en distintas cortes de los estados de Texas y Florida, en busca de recuperar más de un centenar de bienes inmuebles, “adquiridos con recursos robados dentro del Gobierno de Veracruz”, se refiere en los argumentos presentados.
Sin embargo, la 40 Corte de Apelaciones del Estado de Texas desestimó el caso número 14-18-00752-CV, mediante el cual buscaba recuperar seis bienes inmuebles en las ciudades de Spring y Woodlands, Texas.
Las ubicaciones de las casas y terrenos, que de acuerdo con la demanda fueron comprados con recursos robados durante el gobierno duartista, se encuentran en el 83 West Jagged Ridge; 87 West Jagged Ride; 175 West New Harmony; 18 Griffin Hill y 138 Bryce Ranch en la ciudad de Spring; y 43 Spinning Wheel de Woodlands.
Originalmente la demanda se interpuso en la Corte de Distrito del Condado de Harris, la cual originalmente resolvió desestimar el caso, por lo cual el despacho legal contratado desde la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que se mantuvo durante el gobierno actual de Cuitláhuac García Jiménez, apeló la decisión, la cual fue ahora confirmada por la 40 Corte de Apelaciones.
Uno de los argumentos centrales expuestos por la representación legal contratada por el Gobierno de Veracruz es que Javier Duarte conspiró con Bandín Ruiz y Babayan Canal para desviar recursos de la administración estatal, para que a través de empresas fantasma creadas en Estados Unidos compraran diversos bienes inmuebles.
Sin embargo, primero la Corte del Distrito de Harris, como posteriormente la Corte de Apelaciones de Texas, establecieron que los demandados tenían el derecho a mantener comunicación, y considerar que sus pláticas son ilegales “atentaría contra su derecho a la libertad de expresión y de asociación”.
