Perdonan corrupción de JDO, cierra FGR indagatorias por empresas fantasma, revelan

De acuerdo con el medio Animal Político la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación en contra del exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, por posibles hechos de corrupción perpetrados mediante las llamadas “empresas fantasmas” que funcionarios durante su administración de 2010 a 2016.

Esto tras el acuerdo con el cual el exmandatario logró que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le retirara los cargos de delincuencia organizada y se le impusiera una pena reducida de apenas 9 años de prisión; al cumplir la mitad de la pena incluso podría requerir su liberación anticipada.

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De esta manera, de acuerdo con la publicación firmada por el reportero Arturo Ángel, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero le dio carpetazo a la indagatoria tras concluir que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar. 



La información de Animal Político señala que la determinación por parte de la FGR pese a que hay exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y a que el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos detrás del procedimiento para reducirle la pena.

Lo anterior consta en un oficio fechado el 30 de diciembre de 2021 y firmado por el fiscal Roberto Lara Vázquez, quien informa que se determinó el “no ejercicio de la acción penal” dentro de la carpeta de investigación que se había abierto desde finales de 2018 bajo el número FED/VG/UNAI/00000435/2018.

Animal Político cita a la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL – que presentó la denuncia original que detonó esta indagatoria -, señalando que reprobó la decisión y acusó a la fiscalía de actuar de manera negligente y opaca en la indagatoria, además de encubrir una negociación que afectó los intereses del país.



“Es evidente, incluso se ha reconocido, que hubieron hechos de corrupción detrás de este proceso. Se requería de una investigación seria y compleja, a todos los niveles, para esclarecer este asunto, pero no la hubo. Solo se taparon entre ellos y las víctimas quedamos a un lado”, indicó Medina.

Ante el carpetazo, la abogada dijo que promoverán un recurso ante un tribunal federal, refiriendo que la FGR incumplió con una orden judicial en la que se le instruía mantenerles informados, en su calidad de denunciantes, de los avances de la investigación. 


Los actos de corrupción se encuentran señalados en una investigación realizada en 2016 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, en donde se revela el mecanismo de empresas fantasma con el cual se había desviado, a gran escala, recursos de más de diez dependencias del gobierno de Veracruz por unos 3 mil 600 millones de pesos. 

La carpeta de investigación que fue concluida se abrió luego de que el 1 de octubre de 2018 la Fiscalía recibió la denuncia de TOJIL en la que dicha organización cuestionó el “procedimiento abreviado” que el exgobernador de Veracruz acordó con la entonces PGR para que se retirara el delito de delincuencia organizada por el cual había sido detenido y extraditado desde Guatemala.



La sentencia fue de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de Veracruz, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, tras considerar que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.

El exgobernador se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a juicio durante una audiencia realizada el 21 de agosto de 2018, la pena máxima que podría alcanzar se redujo desde los 40 años de prisión a solamente nueve años; al cumplir la mitad de dicha pena pudiera solicitar el beneficio de la libertad condicional.



En 2019 Duarte de Ochoa promovió recursos judiciales en contra del procedimiento abreviado, alegando que habían existido diversas irregularidades tanto en la investigación iniciada en su contra, así como en la negociación que hubo para que aceptara adherirse a esta alternativa, aseverando que realizó pagos a funcionarios de la PGR mientras estaba como encargado de esta Alfredo Elías Beltrán, y que se trató de una “extorsión” a cambio de que cesara la presunta persecución penal en contra de su familia, y particularmente de su exesposa Karime Macías. 

Duarte dijo que incluso su detención fue un arreglo, y que estaba dispuesto a entregar toda la información que fuera necesaria a las autoridades. Posteriormente se hicieron públicos videos de los momentos previos a su captura.