¿Cuál es la deuda del estado de Veracruz? Así lo explican en Sefiplan

Aunque formalmente el Gobierno del Estado tiene pasivos por 51 mil millones de pesos, dicho monto se podría incrementar a casi 90 mil millones de pesos si se incluyen las cuentas de orden, es decir las deudas con empresarios y contratistas, así como los montos pendientes con el SAT y el ISSSTE

¿cual_es_la_deuda_del_estado_de_veracruz?_asi_lo_explican_en_sefiplan

El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, señaló que estos pendientes fueron heredados por los gobiernos anteriores.



Detalló que las cuentas de orden, es decir aquellos adeudos de los que no existe certeza que el Gobierno del Estado deba de pagar, se han reducido en tres mil millones de pesos a partir del proceso de depuración implementado por el actual gobierno, pasando de 21 mil millones de pesos a 17 mil 487 millones de pesos.



En su comparecencia explicó que estas cuentas se han depurado y no están incluidas en la deuda general del Estado, que en 2018 ascendía a 59 mil millones de pesos, debido a que ello "quebraría las finanzas del Estado".


Aunque no hay certeza de que se deban de pagar dichos 17 mil millones de pesos, si se incluyen en la deuda general del gobierno veracruzano esta ascendería a unos 70 mil millones de pesos al mes de agosto de 2021, a lo que se podrían incluir otros pendientes con el SAT y el ISSSTE, que se reportan en 10 mil millones de pesos de forma contable, pero por multas y recargos ascenderían a 43 mil millones de pesos.



"No podemos meter algo que no hay certeza que realmente se deba, aparte meter 21 mil millones al balance financiero del Estado pues quebraría al Estado", expuso el funcionario.



En su comparecencia, Lima Franco explicó que en 2018 en Veracruz existían diferentes tipos de pasivos por 59 mil millones, monto que se redujo a 51 mil millones de pesos en tres años de la actual administración.

Este último monto incluye el pasivo circulante con créditos a corto plazo, pago a proveedores pendientes y el pasivo no circulante o de largo plazo; es decir, la deuda bancaria por 44 mil millones de pesos.

Añadió que también incluye los pendientes por los bonos cupón cero por cinco mil 981.5 millones de pesos y cerca de 10 mil millones de pesos en provisiones de largo plazo, incluyendo la deuda contable de Veracruz con el SAT y el ISSSTE por 10 mil millones de pesos.

Lima Franco acotó que dicha deuda con el SAT y el ISSSTE ascendería en total de 34 mil millones de pesos, si se cuentan las actualizaciones, multas y recargos, pues estarían pendientes de pagar 22 mil millones y 12 mil millones con ambos entes, respectivamente.

"Cuando hablamos de deuda hablamos de toda de deuda, del pasivo circulante, del pasivo no circulante, de la deuda bancaria, deuda no bancaria, deuda con ISSSTE con el SAT y entonces eso es lo que en su momento eran 59 mil millones, que se han reducido a 51 mil millones".

"Hoy, agosto, ya tenemos una cuenta depurada de cuentas de orden de 17 mil 487 millones; es decir, ya hemos bajado más de tres mil millones de pesos la depuración de las cuentas de orden y esto se ha debido a esta depuración de proveedores, de contratistas, de pagos, de municipios, de instituciones que no hay certeza de que se debía o no.

Siguen descuentos a participaciones

Además, Lima Franco reveló que el Gobierno del Estado sigue padeciendo descuentos en sus participaciones federales a causa de los créditos fiscales generados en administraciones anteriores, los cuales ascendieron a 22 mil millones de pesos en 2018; sin embargo, durante los últimos tres años, se han pagado 12 mil millones de pesos de dichos pendientes.

Mencionó que a partir de los convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) los descuentos se han reducido, aunque todavía ascienden a unos 78 millones de pesos al año.

Al comparecer en el Congreso del Estado explicó que en 2018 y 2017 se descontaron al Estado cerca de mil 500 millones de pesos. Advirtió que a la fecha algunos municipios están en riesgo de sufrir este tipo de reducciones, de ahí que los invitó a pactar con Hacienda.

"Prácticamente son créditos que vienen del 2015, 2016, de las diferentes dependencias; lo que hicieron las administraciones es que no enteraron el ISR al SAT; es decir, retuvieron, pero no entregaron.

"Esos créditos fiscales fueron creciendo; en 2018 traíamos créditos fiscales por 22 mil millones y hoy en día hemos pagado cerca de 12 mil millones, todavía nos quedan otros 10 mil millones que estaremos pagado en los próximos años", proyectó.

Explicó que, mediante acuerdos con Hacienda, se pudo pagar a la Universidad Veracruzana el ISR pendiente por tres mil 300 millones, aunque todavía hay pendientes en Sefiplan por 32 millones 878 mil 363.5 pesos; en el caso de la SIOP por 54 millones 765 mil 700 pesos; así como en la SEV por dos mil 281 millones 254 mil 449 pesos.

"En la suma total de estos créditos son poco menos de 10 mil millones, aunado a lo que pagamos en 2020, cerca de 12 mil millones de pesos y el compromiso es seguir pagando créditos fiscales rumbo a 2024".

Respecto a los municipios que tienen créditos fiscales los invitó a acercarse con el Gobierno del Estado, pues no pueden deslindarse de esta deuda y, por el contrario, la Secretaría de Hacienda les podría comenzar a descontar sus participaciones.

"En 2018 y 2017 al Estado le descontaron cerca de mil 500 millones de pesos por descuentos de participaciones federales y a la fecha son por unos 78 millones de pesos (...). Es un tema que los municipios deben atender porque de lo contrario se lo van a empezar a cobrar mediante el descuento de sus participaciones".

Veracruz padece déficit estructural

Durante los cuestionamientos de los diputados, Lima Franco señaló que Veracruz tiene un déficit estructural: "es decir, que su gasto es mayor a su ingreso" debido a la carga que significa la nómina magisterial y el sistema de pensiones, principalmente.

Mencionó que aunque el estado es deficitario, en los primeros tres años se han dedicado a liberar flujo de recursos, con lo que se destinarán dos mil 900 millones que reactivarán la economía para obras de agua potable, infraestructura y caminos, correspondientes principalmente a la SIOP y CAEV.