Con negro historial aspirantes a FGE y fiscalía anticorrupción de Veracruz
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Previo al cierre de la recepción de aspirantes, previsto para las 18:00 horas de este domingo 10 de mayo, el Congreso del Estado registra al menos 10 aspirantes al cargo de Fiscal General del Estado (FGE) y tres para la Especializada en Combate a la Corrupción.
Algunos han hecho público su registro y otros se reportan extraoficialmente por fuentes del Congreso local.
En ese sentido, la actual encargada de despacho de la FGE, Verónica Hernández Giadáns presentó su solicitud de registro.
La funcionaria es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y ha recibido cuestionamiento por su desempeño durante los meses en que ha estado al frente del organismo.
Su promedio de 9.82 durante su carrera y la tesis “Universidades y Tratado de Libre Comercio, el Nuevo Papel del Profesional del Derecho”, le valió que por unanimidad le otorgaran la Mención Honorífica al momento de presentar su examen profesional el 29 de septiembre de 1995.
Igual presentó solicitud Tomás Mundo Arriasa, exdirector de Tránsito y Transporte del Estado durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco.
Al litigante se le acusa de exigir “moches” a Ayuntamientos a cambio de gestionar obras de infraestructura en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La función pública lo inhabilitó en 2006, luego que el Gobierno de Fidel Herrera y la Contraloría Interna le detectaron un otorgamiento ilegal de concesiones en placas para taxis en el sexenio de Miguel Alemán.
Por su parte, el exjuez de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Zongolica y exjuez de Control de Coatepec, Florencio Hernández Espinoza igual presentó solicitud de participar en la contienda.
A Hernández Espinoza se le acusa de distintas irregularidades, desde acusaciones de incompetencia a presunta corrupción.
Entre estos, destaca la absolución que concedió a siete elementos de la Policía Estatal detenidos por la tortura y homicidio del participante de La Voz México, Gibrán Martíz, privado de su libertad y posteriormente, asesinado en un presunto enfrentamiento con la Policía Estatal.
Otro de los aspirantes es el litigante Fernando Herrera Escobar, socio fundador de la firma Herrera Escobar & Asociados de Xalapa y apoderado legal de automotriz Sábalo de Xalapa.
Herrera Escobar destacó como proveedor de servicios jurídicos al ayuntamiento de Misantla, en 2011, pero rescindió dicho contrato a raíz de acciones "irresponsables" del entonces alcalde Javier Hernández Candanedo.
Además se inscribió el expresidente municipal de Moloacán Cosme Santos Monroy, cargo que se ha alternado con su esposa, Carmen Santiago Reyna.
Durante su ejercicio como edil, endeudó al ayuntamiento con un préstamo por 10 millones de pesos para Moloacán con Banobras, además, durante su ejercicio el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial por un millón 502 mil 708 pesos.
En la contienda también se inscribió Yuriria Torres Paez, egresada de Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho y con Maestría en Procuración de Justicia Federal.
En 2019, asumió la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Fiscalía General de la República; y contra la funcionaria pesan acusaciones de prepotencia y malos tratos en contra de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
En diciembre se dio a conocer que formó parte de una estructura de corrupción en el ente, entre estos, en el área de Periciales.
Además de Gabriel Alejandro Williams Mendoza, representante de la a institución de educación media superior y superior.
“Instituto Williams Keembol” de Tantoyuca, y denunciado por la exdiputada local Mariana Dunyaska García Rojas por la emisión irregular de títulos académicos por parte del Colegio del Derecho y exaspirante a ocupar la rectoría de la UPAV.
El Docente en la Universidad de Xalapa de la materia Teoría del Delito, Francisco Enrique Varela Ramírez igual registró su aspiración para ocupar el cargo, aunque existen señalamientos por presuntas irregularidades durante su desempeño como Subdirector Académico de la desaprecida Academia de Policía del Estado de Veracruz.
Otro de los contendientes es Alejandro Lagunes Toral integrante de las asociaciones “Oficina de Enlace ante el C. Gobernador A.C.” y “Por un Gobierno Cercano A.C.”, además haber ejercido el cargo de Pro-Secretario de Organización de la Coordinadora Nacional de Abogados de México A.C.
Por último se incluye la inscripción de Arabella Marelly Cañas y Saénz para contender por la Fiscalía.
En 2018, Cañas y Sáenz se inscribió en la contienda interna por la candidatura a la diputación federal por el Distrito XI con cabecera en Xalapa por el Partido Revolucionario Institucional, misma a la que no accedió.
PARA LA ANTICORRUPCIÓN
Entre los perfiles registrados para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción destaca, nuevamente, el del exsubprocurador de Justicia en Coatzacoalcos Jorge Yunis Manzanares, quien en su momento fue ligado presuntamente al grupo delictivo de Los Zetas en la zona sur.
En 2018 intentó ocupar dicha vacante en 2018, cargo que al final recayó en Marcos Even Torres Zamudio, y por lo anterior formuló un recurso de amparo contra el proceso realizado por el Congreso del Estado.
De igual manera intentó ocupar una magistratura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado y candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos por los colores de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, el docente de la asignatura Derecho de las Obligaciones en el Sistema de Enseñanza Abierta de la UV-Orizaba, Ricardo Javier Carrillo Almeida, igual registró su aspiración; aunque contra él pesan igual acusaciones por vínculos con el grupo delictivo Los Zetas, en el transcurso de su ejercicio como Subprocurador de Justicia en Córdoba.
Además se menciona el registro del abogado Felix Manuel Hernández García.
