Asociación Público Privada ‘salió carisisísima’ al Poder Judicial: Orfis

La auditora general, Delia González Cobos, afirmó que es “una pena” que la Ley de Asociaciones Público-Privadas se haya hecho para beneficiar a las empresas y permitir un costo “elevadísimo” en el caso de las ciudades judiciales.

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“Carisísimos, porque se hicieron las ciudades, se concluyen, el gobierno empieza a pagar una vez que están entregadas. Resulta extremadamente caros. Este año empieza a pagarse, lo vamos a revisar el próximo año”, dijo.



Insistió que las ciudades judiciales, iniciadas en la administración pasada, tanto estatal como del propio Poder Judicial, representan un elevado costo para el estado.



Sostuvo que si bien los contratos para esa obra ya están hechos y las empresas que realizaron los trabajos en apariencia cumplieron con ellos, es necesario modificar la ley para que sean eventualmente modificados, pues “el Poder Judicial es un tema que va a dar mucho todavía”, adelantó.


La auditora general insistió que la situación por la que atraviesa el Poder Judicial es grave.



Cabe recordar que las 21 ciudades judiciales, construidas por un consorcio integrado por siete empresas, triplicaron el costo original que se había proyectado.



Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está endeudado hasta el 2047 por una serie de 18 créditos que fueron solicitados para llevar a cabo el proyecto.

Dicho endeudamiento se reveló en medio de una quiebra financiera que enfrenta el Poder liderado por Isabel Inés Romero Cruz, quiebra que obligó al mismo a establecer mecanismos de ahorro y cierre de juzgados para hacer frente a las obligaciones pendientes por el resto del año.

Recientemente, el Congreso del Estado autorizó una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos, aunque existe aún un boquete mayor a 316 millones.

Apenas el pasado 27 de julio la propia magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado solicitó al Congreso del Estado su autorización para modificar los contratos de Asociación Público Privada de las ciudades judiciales.

Se pudo corroborar que en algunos casos la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura plantea aumentar o incluso reducir los plazos de dichos contratos que fueron autorizados por la pasada LXIV Legislatura.

El pasado 03 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se debe investigar los contratos de Asociación Público Privada para la construcción de las ciudades judiciales, considerando que en gobiernos anteriores se caracterizaba por comprometer el presupuesto con la iniciativa privada mediante contratos “leoninos”.