Reprueba asociación del Floresta atropello de Grupo MAS hacia residente

Cerca de 100 usuarios de agua en la ciudad de Veracruz han acudido a la justicia y a instancias federales para frenar los intentos de cortarles el agua y de taponarles el drenaje sanitario para que no puedan usar su baño, confirmó María Teresa Aguilar Bravo, presidenta Asociación Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta.

Condenó la acción perpetrada el fin de semana contra la usuaria Norma Simonín, a quien personal del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento le obstruyó con cemento su registro del drenaje para que no pueda utilizar el baño ni realizar actividades fisiológicas.

“Fue una agresión a una persona adulta mayor que tiene una lesión en su rodilla, que enseñó un documento del juez Tercero que le ordena al Grupo MAS y al ayuntamiento también está notificándole que no le corten el agua ni a ella ni a los demás que tienen en un listado, que son como 97.

“El juez tercero dictamina. Notificamos a Profeco México inmediatamente por correo de la agresión que se llevó a cabo contra la vecina; se anexaron fotografías, videos, eran como 15 personas de la cuadrilla en la madrugada: a pesar de que el día anterior se le había enseñado el documento del juez, los trabajadores del Grupo MAS regresaron en la madrugada, cortaron el agua y le sellaron el drenaje sanitario agresivamente”, señaló Aguilar Bravo.

Dijo que de los 97 casos registrados en una lista de la Procuraduría Federal del Consumidor para que no la afecte el Grupo MAS, el de Norma Simonín es el primero en el que se llega al extremo de taponarle el drenaje en el fraccionamiento Floresta.

Recalcó que sí ha habido muchas intentonas de obstruir el drenaje sanitario de muchas viviendas más en otras zonas de Veracruz, para que los usuarios que iniciaron litigios no puedan realizar siquiera sus necesidades fisiológicas, y destacó que el desacato a una orden judicial conlleva sanciones legales para el infractor, en ese caso la empresa privada.

Explicó que cuando hay un conflicto legal, la empresa operadora MAS no le cobra al usuario a lo largo del juicio, sino hasta el final, dependiendo de la sentencia del juez, pero recalcó que entonces sobrevienen acciones como la denunciada públicamente por Norma Simonín.