Frena Congreso local al Orfis; 638 mdp desviados en bienio de MAYL
Al menos 638 millones de pesos fueron desviados en 2017, durante el gobierno del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
La auditora general del estado Delia González Cobos, explicó que 447 millones fueron de las dependencias y entidades y 191 millones de pesos de municipios.
Ante ello el Órgano de Fiscalización Superior interpuso 42 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, por daño patrimonial determinada a las cuenta pública 2017.
En su visita al Corporativo IMAGEN señaló que también dan seguimiento a la cuenta pública 2018 ya que mantienen la recepción de documentación aunado a que los investigados tienen derecho de audiencia para integrar el expediente que puede derivar en denuncia por responsabilidad administrativas o en el Tribunal Administrativo.
“Tenemos presentadas 24 denuncias por responsabilidad penal que se atribuye a titulares, es decir, a presidentes municipales y funcionarios de ayuntamientos y las demás por otras entidades como dependencias de gobierno, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas”.
Aseguró la titular del Orfis que el Congreso Local está frenando algunas acciones que permitirían mayor eficiencia y una mejor actuación por parte del Orfis.
Diversas denuncias han sido interpuestas, pero se requiere de un trabajo conjunto para proceder con celeridad, expresó la Auditora.
Sobre la supuesta recuperación de propiedades o lo robado en el duartismo, el Órgano de Fiscalización Superior mantiene una auditoría al aseguramiento de bienes que realizó el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares a exfuncionarios de Javier Duarte, presuntamente por actos de corrupción, además que se presumen irregularidades.
González Cobos explicó que se trata de una auditoría integral de legalidad y desempeño sobre el ingreso de bienes para constatar que hayan sido entregados correctamente, pues se presume fue un acto irregular.
“Tenemos una auditoría en estos momentos y esperamos que el resultado nos lleve al señalamiento preciso de qué ocurrió y la sanción que deba imponerse en su caso.
En su momento fue una entrega que se hizo, consideramos, de manera irregular, entonces estamos haciendo la auditoría de legalidad”.
La auditoría se entregará junto con la revisión al ejercicio fiscal 2019, es decir, a finales de enero de 2021.
Esto es porque el Orfis efectúa actualmente la revisión a la cuenta pública 2019 y tiene el 31 de enero de 2021 como fecha límite para entregar los informes.
La prórroga obedece a la emergencia sanitaria del coronavirus, pero son 306 entes fiscalizables en revisión.
Presupuesto 2021
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz gestionará con el Congreso local que no haya reducciones al presupuesto para 2021 y que por lo menos les autoricen 189 millones de pesos, es decir, lo mismo que este 2020.
Los 15 millones de pesos de ahorro del ejercicio anterior permitió efectuar la contratación de auditores este año pero se necesita por lo menos el mismo presupuesto para las revisiones, ya que la fiscalización no se puede detener, pues da certeza a los veracruzanos de que el ejercicio del gasto se hace correctamente.
Confío en que los diputados locales sean conscientes de las necesidades del organismo para poder revisar y señalar las malas prácticas.
En esta ocasión en lugar de despachos contrataron auditores por cuatro meses pero trabajan como recursos propios del Orfis lo que permitió hacer más eficiente el presupuesto.
“El año pasado y en otros, el Orfis había contratado despachos externos para que le auxiliaran realizando auditorías pero en este año la decisión la tomamos desde enero y dijimos que íbamos a hacer las revisiones sin esa contratación. Hay que cambiar los procedimientos porque es indispensable que el Orfis participe con su propio personal haciendo las auditorías y de esta manera ahorrar los 15 millones que se usaban para la contratación de despacho”.
Auditoría en tiempo real
Finalmente mencionó que las auditorías en tiempo real ordenadas por el Congreso del Estado a 44 ayuntamientos y dos entes para municipales tiene que ver con la detección de discrepancias a partir de los informes trimestrales.
Aunque la legislatura interviene directamente el resultado será una referencia hacia la fiscalización del ejercicio 2020.