Dará SCJN fallo para obligar a Congreso a despenalizar aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de garantizar que inicie la justicia social para las mujeres en el estado de Veracruz, destacó la feminista Ana Irene Muro Lagunes.

La integrante del Frente Amplio de Mujeres enfatizó que, si el fallo es contra la posible omisión del Congreso Local para la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo, con ello se daría cumplimiento a parte de los puntos de la segunda Alerta de Violencia de Género que recibió el estado.

Con ello, dijo, se dejará de criminalizar a mujeres y jovencitas que, aunque no hayan tenido un aborto son enjuiciadas debido a los procedimientos propios de un hospital.

“Van a dar un gran paso en quitar una injusticia que existe en este estado de penalizar y de encarcelar mujeres y niñas por omisiones del gobierno en darles lo que necesitan para que no tengan embarazos no deseados. No se está protegiendo el derecho a la información, a la educación, a no ser violadas, a no ser abusadas, son muchas omisiones del gobierno.

“Avanzaría para que se tengan que dar los otros pasos porque ahora sí las mujeres van a tener cuando menos el derecho de decidir si tener o no tener a un producto que a lo mejor es consecuencia de una violación, o si tienen ellas problemas económicos porque tienen cuatro hijos y ya no pueden sostener otro. Es una injusticia”, destacó.

El proyecto de juicio de amparo, encabezado por el ministro Juan Luis González Alcántara se analizará en la Primera Sala de la SCJN.

No se promueve el aborto

Muro Lagunes especificó que no se trata de un proyecto que promueva el aborto, sino de uno que garantice los derechos de las mujeres en el estado.

“No estamos a favor del aborto, esa es una palabra mal usada, estamos a favor de los derechos de las mujeres y de que no se tomen como chivos

expiatorios a las niñas y a las mujeres de omisiones de la sociedad y de omisiones del Gobierno.”

La doctora Ana Irene Muro Lagunes enfatizó que los problemas de salud pública son causados por circunstancias de vida y deben ser resueltos por las autoridades.

“Estamos dejando de garantizar la protección de las menores y de las mujeres. Queremos avanzar hacia una sociedad basada en el derecho y el respeto a los derechos humanos. Lo que sucede en nuestro país es que se confunden los principios personales morales, las creencias, con derechos”, destacó.

Código penal

Las modificaciones que debieron realizarse en el Código Penal de la entidad están relacionadas con la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, la ampliación de la causal salud como un supuesto de Interrupción Legal del Embarazo y la eliminación del plazo de los noventa días para la ILE en casos de violación.

El proyecto de sentencia, de acuerdo con el Servicio Especial de la Mujer, resalta que los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de

Veracruz son normas discriminatorias y/o constitutivas de violencia contra las mujeres que debieron haber sido reformadas sin dilación por el estado de Veracruz.

“Asimismo, se afirma que el poder legislativo local está obligado a modificar dichos artículos, por no cumplir con lo establecido por la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano que el Congreso local debe cumplir en su ámbito de competencia. Se destaca la importancia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género como un mecanismo interno para hacer del conocimiento público los posibles incumplimientos del Estado mexicano y sus entidades con los compromisos convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos.”

Con ello, se evidenciarían problemas como discriminación, violencia y falta de acceso a los derechos humanos de las mujeres en el estado.