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En México, la "renteada" se ha consolidado como una forma de extorsión que afecta a miles de propietarios de locales y negocios en todo el país, a pesar de los esfuerzos por detener este delito.
El término se refiere al pago de cuotas impuestas por grupos delictivos a cambio de permitir a los comerciantes operar sin ser atacados o amenazados.
Los comerciantes que se niegan a pagar la "renteada" enfrentan consecuencias graves, desde amenazas hasta el cierre forzado de sus negocios, que a menudo son incendiados o vandalizados.
Incluso los mercados públicos no están exentos de esta amenaza, con personas exigiendo cuotas mensuales de hasta cinco mil pesos bajo la amenaza de dañar los locales.
Los métodos de extorsión se han sofisticado, con grupos delictivos acosando a los dueños de negocios con visitas constantes y amenazas tanto en persona como por teléfono.
Esta situación ha generado un aumento en el costo de los alimentos y otros productos, ya que los productores deben pagar cuotas a los grupos criminales para evitar que detengan la distribución de sus cosechas.
El impacto de la "renteada" se extiende por todo el país: desde el aumento de precios en productos básicos hasta el control total del crimen organizado sobre sectores como la pesca y la exportación de ganado.