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Bajo lupa de CNDH, desaparición de abogados de líder de Los Zetas en Veracruz

Ciudad de México | 2021-01-01 | Luis Ferrer
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 80/2020 a la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGE de Veracruz por fallas al debido proceso y dilación en las indagatorias en la desaparición de tres abogados, quienes se encontraban a cargo de la defensa de Josele Márquez Balderas, El Chichi, identificado como líder de Los Zetas en la zona centro de Veracruz

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El Chichi era líder de Los Zetas en la zona centro de Veracruz. El gobierno de Javier Duarte, señalado de pactar con varios grupos criminales para luego traicionarlos, lo dio por muerto el 13 de agosto de 2015, en una balacera en Orizaba en la que murió un ex reportero de Televisa. Pero ´revivió: fue arrestado en febrero de 2016 por la Gendarmería, en la carretera federal 180, Paso del Toro-La Tinaja. 

A casi 5 años del caso, la CNDH dirigió la recomendación 80/2020 a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR y a Verónica Hernández Giadáns, fiscal de Veracruz.  

A la Fiscal General del Estado de Veracruz, además, se le recomendó instruir que se investigue a quien se acredite la responsabilidad administrativa por la dilación en la entrega de los dictámenes periciales e informes de investigación requeridos por el Agente del Ministerio Público para la integración de los expedientes penales y, en su caso, se inicie el procedimiento sancionador correspondiente. 

Los defensores del líder criminal, una mujer y dos hombres, desaparecieron desde el 2016 tras acudir a la Coordinación Estatal de la entonces Policía Federal para acreditarse como abogados del líder de Los Zetas

La recomendación 80/2020 de la CNDH advirtió la falta de coordinación entre las fiscalías para allegarse de las constancias de todos los expedientes para la obtención de posibles pruebas, además de que no se investigó como línea la desaparición forzada de los tres individuos debido a que las últimas personas con quienes se sabe tuvieron contacto son servidores públicos. 

Aunque varias personas señalaron como indicio de la desaparición de las tres personas una balacera registrada ese día en un centro comercial cercano, no fue investigado, aunque en el sitio se recolectaron diversos indicios, entre ellos un zapato.

"Ya en el lugar, dos de las personas ingresaron para entrevistarse con el probable responsable, registrando su entrada a las instalaciones; sin embargo, desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas", detalló la CNDH.

Reportes de prensa detallan que los litigantes se dirigieron a representar a Mireles Balderas: Anahí Arce, oriunda de Río Blanco y Giovany Sol Guevara, originario de Orizaba

De acuerdo con las denuncias ante la CNDH, los familiares relataron que los abogados salieron de sus casas el 1 de febrero de 2016, uno de ellos de 29 años de edad acudió con la defensora de 31 años a Xalapa, la capital de Veracruz para acreditar su representación. Ya en las instalaciones de la Policía Federal se encontraron con el tercer abogado de 38 años y fueron atendidos, pero desde entonces no se supo más de ellos. 

Al menos ocho servidores públicos violaron el derecho de acceso a la Justicia, en su modalidad de procuración, así como a la verdad en agravio de las tres víctimas directas y sus familiares. Hubo irregularidades en las indagatorias: dilación y falta de coordinación entre dependencias. 

Tampoco rindieron el informe sobre nombres y domicilios de testigos que pudieron presenciar los hechos para la búsqueda y localización de las personas. 

Además no hubo análisis de videos, ni se extrajeron audios para su estudio, mucho menos la evidencia conseguida en la Subcoordinación de C-3. Los servidores públicos involucrados acudieron a testificar tarde. A más de cuatro años, continúan sin declarar 10 funcionarios requeridos. 

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Por lo anterior, la CNDH solicitó a los titulares de la FGR y de la FGE de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, y se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica y tanatológica.  

De igual forma, se solicita que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales; que se realice una revisión a las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas, señalando las diligencias pendientes por realizar a fin de esclarecer los hechos de su desaparición; se localice a las víctimas y, en el caso de fallecimiento, se identifiquen y entreguen los restos a su familiares; que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentará, se anexe copia de la resolución y de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas responsables, y se realicen los procedimientos internos que sancionen a los responsables de las violaciones a derechos humanos, ello con independencia de la resolución administrativa de la Visitadurías Generales.  


El Índice Global de Impunidad México 2018, (IGI-MEX), ubicó a Veracruz como uno de los Estados con mayor impunidad a nivel nacional junto con el Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y Querétaro. Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación han disparado las desapariciones y violencia en la entidad.

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