Soy inocente; me fui porque temía por la vida de mis hijos: Karime
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Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz, rechazó haber ordenado o participado en pagos a empresas fantasma perpetrados en el gobierno de su exesposo Javier Duarte de Ochoa, pero aseguró que decidió irse al Reino Unido porque temía que su vida y la de sus hijos estuvieran en peligro.
En una denuncia presentada el pasado 15 de junio en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y del exfiscal Jorge Winckler, a la que Animal Político tuvo acceso, Macías revela su versión: acusa que ella, sus hijos y sus padres fueron víctimas de una “campaña de odio y desprestigio por hechos atribuidos a un tercero” (Javier Duarte), en los que no participó.
Argumenta que su cargo de presidenta del DIF de Veracruz –desde donde salieron algunos de los pagos a empresas fantasma que motivaron una orden de captura y extradición en su contra– fue honorífico, es decir, que ella no era servidora pública, no recibía salario alguno y por lo tanto no estaba facultada para participar en decisiones administrativas ni de gobierno.
La denuncia de Macías llega mientras su procedimiento de extradición ha entrado en una fase decisiva: la del análisis de si la evidencia presentada por México ante el Reino Unido es suficiente para que dicho país autorice su entrega.
No se ha tratado de un procedimiento sencillo para las autoridades mexicanas debido a que, en diversos momentos, la justicia británica ha requerido nuevos datos tras dudas iniciales sobre la solicitud presentada.
La historia de Karime y su denuncia
En el escrito de la referida denuncia, Karime Macías responsabiliza al exgobernador y al exfiscal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y Jorge Winckler, respectivamente, de acusarla públicamente de ser cómplice y beneficiaria de hechos de corrupción sin haber sido juzgados por ella, violando su presunción de inocencia.
Se trató, señala, de una campaña de odio motiva con fines políticos, que a la postre le causó un daño público irreversible que la obligó primero a dejar Veracruz y a la postre a irse de México.
“El Gobierno del Estado, representado en ese entonces por Miguel Ángel Yunes Linares, generó una ola de violencia en agravio de la suscrita, de mis padres y de mis menores hijos, en razón de hechos atribuidos a un tercero (Duarte), significando que me causaron daños de imposible reparación como lo fue el repudio social”, dice Macías.
La ex primera-dama de Veracruz narra que en octubre de 2016 decidió mudarse de Veracruz a Coatzacoalcos ante la persecución que ya existía en contra de su entonces esposo. Posteriormente se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde sus padres tenían una casa.
Macías asegura que su primera salida del país, en abril de 2017 hacia Guatemala –hecho que las autoridades consideraron una huida con Javier Duarte–, fue desde su perspectiva un “desplazamiento forzoso ante el peligro que corría su integridad física y sicológica”.
Tras la captura de Duarte, Macías regresó con sus hijos a México. No obstante, explica que dado que las autoridades de Veracruz habían revelado ya tanto su domicilio como el de sus familiares temían ser blanco del ataque de un grupo criminal o de personas motivadas por el “odio sembrado en su contra”.
“Al ventilar datos tan personales como lo mencioné anteriormente, desprotegiéndonos y quitándonos la garantía que le corresponde ya no solo a Veracruz, sino al Estado Mexicano para cumplir y hacer cumplir la ley, protegiendo mis derechos y el interés superior de mis menores hijos, fue lo que me orilló a tomar la decisión de trasladarme a otro país”, apuntó.
A partir de ese momento y hasta la fecha, Macías ha vivido en el Reino Unido, inicialmente en Londres y posteriormente en una ciudad ubicada a menos de dos horas de distancia. No obstante, denuncia que ni con el cambio de continente cesó la persecución en su contra.
Prueba de ello, dice en la denuncia, fue la conferencia que Yunes Linares dio el 29 de mayo de 2018 en la que este exhibió diversas grabaciones y fotografías de su estancia en la capital británica.
“Personas enviadas por el entonces Gobernador distorsionaron dolosamente mi situación familiar, haciendo pública la dirección exacta y referenciada de nuestro domicilio, las actividades personales que realizaba la suscrita, el centro de estudios al que acudían mis menores hijos y otros aspectos que, repito, daban pie a que cualquier persona o grupo delictivo, pudiera ejercer acciones en mi perjuicio y de mis menores hijos”, acusa la ex primera dama de Veracruz.
Se trata de hechos que, según Karime Macías, permiten establecer la posible responsabilidad de Yunes y de Winckler en diversos delitos, desde abuso de autoridad hasta tráfico de influencias, motivo por el cual presentó formalmente una denuncia penal.
Extradición en fase decisiva
El 29 de octubre de 2019 las autoridades británicas detuvieron a Karime Macías en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. La exesposa de Duarte recuperó su libertad tras pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (3.7 millones de pesos), pero se le colocó un brazalete electrónico.
La solicitud de extradición se deprende de una orden de aprehensión que un juez penal en Veracruz giró en su contra por su presunta responsabilidad en algunos de los pagos que el DIF Estatal hizo a empresas fantasma entre 2010 y 2013.
De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, el análisis de la extradición de Karime se encuentra en una fase definitoria: la de la revisión de las pruebas presentadas por México para presumir que Macías pudo haber participado en ese delito.
Animal Político reveló en su momento que en la solicitud provisional de extradición enviada por México había una sola prueba que relacionaba directamente a Macías con los pagos a empresas fantasma: la declaración de un exfuncionario que decía que ella lo había ordenado. Aunque los contratos existen, ninguno fue firmado por ella porque, en efecto, no tenía atribuciones legales para ello.
Desde principios de año el Reino Unido solicitó a México a través de la Embajada en aquel país la presentación de mayor evidencia bancaria, documental, testimonial o de cualquier que justifique “al menos de forma inicial” la presunta participación de Macías en los pagos otorgados a las empresas.
Dichos requerimientos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República (FGR) que desde marzo pasado le envió oficios a la Fiscalía de Veracruz para solicitarle que recabe los indicios faltantes.
En estas indagatorias también ha colaborado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, quien entregó a la FGR y a la Fiscalía local los resultados de diversos rastreos relacionados con operaciones bancarias presuntamente relacionadas con Macías y su entorno.
En ese contexto, fuentes con conocimiento del caso señalaron a Animal Político que la resolución final de la justicia británica podría darse en un periodo máximo de cuatro meses.
¿Lujo o crisis?
En mayo del 2018 el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes acusó a Macías de vivir en zonas exclusivas de Londres a costa de los recursos públicos que presuntamente se habían desviado en el gobierno de su esposo.
En febrero de 2019 Javier Duarte señaló en entrevistas telefónicas que eso era falso, y que Macías vivía con aproximadamente 180 mil pesos mensuales que le prestaban amigos y familiares.
Fuentes cercanas a Macías señalan que la ex primera dama de Veracruz enfrenta problemas económicos. De hecho, cuando fue detenida con fines de extradición el año pasado, tardó casi una semana en reunir el monto de la fianza que se le pidió para recuperar su libertad.
Además ha tenido dificultades para cubrir los honorarios de los abogados británicos que la representan, mientras que sus representantes en México han colaborado sin cobrar honorarios.
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