¿Puede entrar México en una cuarentena obligatoria?

El panorama de cuarentena obligatoria con el uso de la fuerza pública —que países como España y Argentina están viviendo ante la pandemia de COVID-19— es legalmente permisible también en México.

Esta opción se encuentra en la Ley General de Salud, la cual se apega a un marco legal con la declaratoria de emergencia sanitaria, la cual fue emitida el pasado lunes.

Especialistas en uso de la fuerza pública, internacionalistas y militarización opinaron sobre las condiciones del país para enfrentar a través de la contención policial el virus.

Detallaron que el gran reto sería el cumplimiento a los derechos humanos y la inseguridad generalizada. 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha pensado en la posibilidad de un confinamiento obligatorio o de utilizar a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social, por lo que ha reiterado el llamado a la responsabilidad social.

Además, el presidente ha coincidido: «Eso sí se los puedo adelantar. No Estado de sitio, nada de autoritarismo. Todo por la razón y el derecho. Tenemos que persuadir».

¿Qué dicen las leyes?  

Daniel Gómez Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, detalló en entrevista para EL DEBATE que la Secretaría de Salud federal puede solicitar la intervención de la fuerza pública para una situación de emergencia sanitaria con base en el artículo 431 de la Ley General de Salud. Indicó que esta atribución debe tener previamente una declaratoria, y le correspondería a la Secretaría de Salud solicitar la intervención de policías, soldados, marinos o Guardia Nacional: «Existe un marco jurídico específico para este caso, no tendría por qué el Gobierno hacerlo directamente, sino tendría que ser a través de la Secretaría de Salud para garantizar que el objetivo sea la salud pública», explicó. 

Una vez dado este paso, es posible legalmente el escenario de que México se pudiera comparar con lo que está pasando en España, donde la gente es obligada a quedarse en casa, y se utiliza la fuerza pública para prohibir el contacto entre las personas.

Sin embargo, Gómez Tagle advirtió que la medida tendría que ser muy específica sobre cuál es el objetivo del uso de la fuerza pública, que sería evitar fuentes de contagio a través de multitudes o de contagio físico: «Tendría que estar muy específico por qué se hace la declaratoria, y en base a la declaratoria cuáles serían las atribuciones que se le solicitan a la fuerza pública [sic]».

El especialista indicó que, dentro de la Ley Nacional del Uso de la fuerza, sí se contempla una atribución para que la Policía pueda actuar en nivel dos, que significa que pueden procurar solicitar a las personas que mantengan una situación que podría provocar un riesgo sanitario mayor: «No es obligatorio el hacer caso a la Policía en este caso porque no hay una emergencia sanitaria, pero la Policía sí tiene la atribución para recordarnos que estamos en una zona de riesgo, porque esa es su función», aclaró.

Lo anterior frente a diversos panoramas en el país, como Jalisco, que ha utilizado a su fuerza pública para persuadir a las personas a no infectarse o propagar el virus. 

El pasado 24 de marzo, el Gobierno de México anunció la entrada en vigor de Plan DN-III, que consiste en que las instituciones de Sedena y Semar intervengan en situaciones que pongan en riesgo a la población del país, brindando su apoyo a los mexicanos con diversas acciones.

De acuerdo con la autoridad, específicamente, el Plan DN-III contra el coronavirus se conforma por tres fases: la preventiva, la de auxilio y la de recuperación, cada una atendiendo al nivel de propagación del virus y su impacto en la situación del país.

Ante este panorama, Daniel Gómez Tagle consideró que es una buena medida, sobre todo antes de la fase 3, porque permite que el Ejército esté preparado con mucha anticipación en caso de que la situación escale, que es lo que estadísticamente se prevé: «Me parece que en este caso podemos no pensar si existen las condiciones para que se aplique el plan, sino que se está actuando de una manera anticipada, y eso podría tener un impacto muy positivo en el control de la pandemia». 

Asimismo, agregó que el Ejército tiene mucha experiencia y también constituye a la fuerza pública. Aunque dijo que esto no va a controlar la pandemia, porque es muy difícil en términos de salud. En términos de seguridad pública y seguridad nacional es y será positivo. 

Derechos humanos

Daría Arana, internacionalista y experta en militarización y seguridad en México, destacó que, dado que el uso de la fuerza pública es una atribución del Estado para atender las situaciones que tengan que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas y que esta fuerza pública puede emplear la fuerza para hacer cumplir la ley, su aplicación, primeramente, debe estar enfocada en preservar los derechos humanos de todas las personas.

En casos de emergencia —sostuvo—, como lo que se vive actualmente, la fuerza como facultad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe emplearse solo cuando sea estrictamente necesario para proteger esos derechos.

Sobre el panorama que han anunciado algunos estados y municipios como Sinaloa y Jalisco para mitigar con el uso de la fuerza pública la presencia de ciudadanos en playas o lugares concurridos, la experta opinó que si bien estas acciones pueden ser controvertidas, no son contrarias ni a derecho ni a la naturaleza misma de la fuerza pública; es decir, son permisibles. 

No obstante, aclaró que este tipo de acciones se deben enfocar a un paradigma de seguridad ciudadana y de policía de proximidad u orientado a la solución de problemas, y no bajo una perspectiva represiva y punitiva: «En estos casos, la fuerza pública podría apoyar, a partir de su contacto directo con la ciudadanía, en informar de la necesidad de que, por el momento, las personas se vean restringidas en su libertad para mantener su seguridad y salud ante la contingencia; asimismo, brindando información oportuna sobre qué hacer en caso de síntomas, y los cuidados esenciales que se deben tener».

Asimismo, opinó que pensar en emplear a la fuerza pública para detener personas que no cumplan con las recomendaciones pondría, por un lado, en mayor peligro a la población y a los propios policías debido al contacto físico que deberían tener con las personas que se pretenda detener; y, por otro, porque pueden ocurrir casos que terminen en abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza.

Daira Arana, internacionalista y experta en militarización y seguridad en México, señaló que la agenda de derechos humanos tanto con las Fuerzas Armadas como con la fuerza pública es un asunto que se sigue trabajando y que, independiente de la contingencia del COVID-19, tiene todavía muchas áreas de oportunidad.

Por lo tanto, sostuvo que estas medidas sean empleadas con el fin único de salvaguardar la vida y la integridad de las personas, y no con fines políticos o de populismo punitivo, y se tendrá en menor medida actuaciones contrarias a los estándares en materia de derechos humanos.

Acciones positivas

Respecto a la entrada en vigor del Plan DN-III, Cutberto Hernández-Legorreta, experto en estrategias de seguridad y gobernanza, destacó que dicha implementación no solo es positiva, sino que es su obligación hacer frente, atendiendo a sus principios, a partir del cual surgieron para hacer frente a la seguridad que requiere de la población civil: «Su función es de apoyo a las acciones implementadas desde el sector salud, que es el indicado a tomar las medidas encaminadas a brindar el apoyo a la sociedad a partir de la fase 2 de la contingencia. Creo que, como todo, es perfectible, y sería deseable que fuera mayor la cobertura que ofrecen, pero considerando que es coyuntural el tema. Considero que las cifras que han dado deben ser suficiente para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19. Lo más importante, han dado a conocer una serie de medidas para cubrir aquellas necesidades de personal y equipo, apoyadas con recursos financieros, comprometidos por el Gobierno federal», destacó. 

El también académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, consideró que México ha actuado de manera responsable.

Detalló que si se toma en cuenta el nivel de fatalidad de los casos que implican los decesos, es apenas el 3 por ciento de la población infectada, es de importancia de revisar las estadísticas y de atender los escenarios desde una perspectiva científica especializada, ya que de hacerlo de otra manera llevaría a la población a escenarios de incertidumbre, estrés social y eventualmente de crisis de seguridad entre la población. 

Por lo anterior, como ciudadano se esperaría la actuación responsable de los actores políticos en juego. 

Riesgos, inseguridad y cárteles

Hernández-Legorreta lamentó que la actual situación permita ver una perspectiva donde la inseguridad es en parte un tema de comunicación que obedece a intereses políticos bien definidos.

Por otro lado, y como más significativo, destacó el escenario donde al parecer la seguridad depende de si la gente está fuera de casa o no, esto luego de que se presentaron, en medio de la contingencia, las cifras de delitos en el país con tendencia a la baja: «No hay que minimizar, por otro lado, la inseguridad a niveles críticos como parte de una responsabilidad compartida que atiende a factores internos y externos de una crisis de sistema de dimensiones más allá de los Gobiernos nacionales y subnacionales», sostuvo. 

Daniel Gómez Tagle detalló dos aspectos importantes a tomar en cuenta en el panorama de inseguridad en México y del COVID-19: «Me parece que el tema de seguridad, hablando de la evolución a la fase tres, ese es un pendiente muy riesgoso que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas», advirtió.

En primera instancia, dijo que el problema que inició en China ha dificultado que los cárteles mexicanos consigan los precursores para las metanfetaminas con ciertos elementos químicos, lo que —indicó— ha provocado que el precio de la droga química se duplique en el último mes.

Aunque esto tiene un impacto en las finanzas del crimen organizado, señaló que podrían buscar otras fuentes para mantener sus ingresos, como generar un mercado negro de medicamentos. No obstante, no descartó que se pueda dar una reducción del crimen: «Lo que tenemos que esperar es que, si México pasa a la etapa tres, tendríamos problemas para conseguir alimentos y medicinas, que es lo que pasa en España y en Italia», indicó. 

Ante este escenario, el especialista dijo que es importante prever motines, gente que saquea tiendas por necesidad, porque ahorita lo que se ha visto son saqueos por oportunidad, y en ese sentido aclaró que no existen protocolos que permitan una restauración al orden público en apego a los derechos humanos y un uso legítimo de la fuerza: «El otro gran riesgo son motines por medicamentos en las prisiones. La Ley Nacional del Uso de la Fuerza impide que se ponga orden con el uso de la fuerza en apego a los derechos humanos, tanto de los propios internos como de los custodios», concluyó.