Perderían PAN y PRI su registro
Tiempo de Lectura: 4 min INE castiga uso de recursos oficiales en comicios Los casos de Lozoya y César Duarte ponen en la lupa al tricolor y a Peña Nieto
García Luna y ‘El Chapo’ acercan a la cárcel a Felipe Calderón y derrumban a Acción Nacional.
En la carrera por la elección federal intermedia del año 2021 los días parecen contados para el PRI y el PAN, cuyos registros penden de un frágil hilo, y la caída de
políticos de esos partidos arrastraría inevitablemente al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Es un hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 4 ases bajo la manga que en la próxima elección federal del año 2021 sepultarían al priismo y al panismo por violar leyes electorales por los desvíos millonarios a campañas políticas, lo que abriría un expediente que concluiría en la cancelación de los registros de esos partidos políticos.
La estocada final la darían los casos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua; además de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán; y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, éstos 2 últimos presos en Estados Unidos.
La judicialización de sus procesos sepultaría al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional porque se exhibe a exservidores públicos del priismo y el panismo.
La inminente extradición desde España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es uno de esos ases porque en un acuerdo de alto nivel el exfuncionario revelaría el destino de millones de dólares que la transnacional brasileña Odebrecht aportó para penetrar en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque según la versión de Lozoya, el dinero entregado por Odebrecht lo habría entregado para la campaña presidencial del año 2012, en cuyo comité de financiamiento estarían Luis Videgaray Caso y el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong.
Y yendo más allá, la justicia alcanzaría a los entonces legisladores federales de todos los partidos que en el año 2013 votaron a favor de la reforma energética para abrir la puerta a la inversión privada tanto nacional como extranjera en sectores como el energético.
Otro as para la ley es el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuya extradición se realizó en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Estados Unidos, al consolidarse el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá.
Al posible acuerdo para una extradición más tersa de Duarte Jáquez se sumaría la judicialización de la llamada Operación Zafiro, que involucra a 7 exgobernadores quienes habrían entregado al comité cifras millonarias de dinero para apuntalar la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.
Además, tiempo después, cuando trascendió un presunto peculado por 1.7 millones de pesos que culminó con la detención de Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto del entonces dirigente priista Manlio Fabio Beltrones, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, dio trámite a la controversia constitucional para detener las indagatorias contra Gutiérrez.
Por otra parte la dupla Genaro García Luna, en ese entonces secretario de Seguridad Pública, y Joaquín Guzmán Loera, el ‘Chapo’ Guzmán, capo del Cártel de Sinaloa, ha sido ampliamente señalada por narcotráfico y lavado de dinero, y la no detención del capo ha dejado mal parada a la justicia mexicana y el expediente podría abrir un proceso judicial contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
El impacto político de una aplicación de la ley contra exservidores públicos de militancia priista y panista sería devastador para sus partidos rumbo a la elección federal y las municipales del 2021.
Ya sin esas siglas de otros partidos, Morena fortalecería su presencia en el Congreso de la Unión y neutralizaría a sus opositores.
