Odebrecht pagó campaña de gobernadores entre 2010 y 2016
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Desde las elecciones locales de 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de un grupo político por “trasladar las metodologías políticas” del Estado de México a todo el país. Fallaron.
Pero en el esfuerzo, lastimaron a personas e instituciones, escribió hace dos años el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la introducción de su libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019).
En febrero de 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales (SEIDF) comenzó una investigación por cohecho, ya que el director de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró durante un juicio que le dio 10 millones de dólares al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a cambio de cuatro contratos, información expuesta esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia del miércoles.
Seis meses después de que la Subprocuraduría inició la investigación, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción informaron que durante juicios en Estados Unidos y Brasil se declaró que en el caso de México esos recursos ilícitos se usaron para campañas electorales. Esos millones ilícitos, documentó Nieto en el libro, fluyeron entre 2010 y 2016 por Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Estado de México.
Solicitudes
Como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de febrero 2015 a octubre de 2017, decidió tomar el caso Odebrecht. Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información financiera de Lozoya y sus empresas. Requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría del Trabajo (STyPS) y al Instituto Nacional Electoral (INE). A Pemex se le solicitó vía transparencia el número de contratos que tenía con Odebrecht: “la investigación de la SEIDF hablaba de cuatro, pero nosotros localizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los otros 38 contratos?”, cuestionó Nieto en sus memorias.
Nieto buscó entrevistar a la cabeza del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y tener acceso a la información del caso de la Fiscalía de Brasil para probar que se habían transferido millones de dólares con destino a algún proceso electoral mexicano.
Evidencias
“Las transferencias detectadas correspondían a 2010 y 2011 en cuanto a elecciones locales y a 2012 cuando se llevó a cabo la elección federal que puso en Los Pinos al priista Enrique Peña Nieto”, escribió Nieto.
En 2010 los Gobernadores priistas que ganaron las elecciones fueron Javier Duarte Ochoa en Veracruz, quien se reunió en 2011 con Marcelo Odebrecht entorno al proyecto Etileno XXI, César Duarte Jáquez en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Los tres han sido extraditados por desvío de recursos públicos. En 2011, el priista Eruviel Ávila Villegas se convirtió en el Gobernador del Estado de México.
Sin embargo, esos presuntos delitos electorales en aquellos comicios de hace casi una década ya prescribieron. Aunque, por el delito de cohecho (soborno), aún hoy, es posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto, observó el actual titular de la UIF.
Además, los probables delitos electorales en las elecciones de 2014-2015 y 2016 no han prescrito. En caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas campañas, el probable delito prescribiría en 2026, advirtió Nieto.
SABIAS QUE…
Hace dos años, Santiago Nieto Castillo, presidente de la UIF, escribió sobre el entramado de corrupción electoral al interior del PRI en su libro ‘Sin filias ni fobias’.
