‘Bajo lupa’ inversiones de funcionarios públicos

Tras Pandora Papers, pondrán ‘candados’ en paraísos fiscales

Tras la publicación de los Pandora Papers, senadores de Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano anunciaron su intención de reformar el marco jurídico en México para que las leyes impidan que funcionarios públicos tengan inversiones en paraísos fiscales que les permitan ocultar su verdadero patrimonio o les proporcionen una vía para trasladar al extranjero dinero de origen ilícito. 

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La investigación de los Pandora Papers publicada el mes pasado por Quinto Elemento Lab y más de un centenar de medios en México y el mundo, documentó que en la últimas décadas más de tres mil mexicanos han llevado millones de dólares a entidades en paraísos fiscales; al menos 80 de ellos fueron políticos, servidores públicos en activo o retirados, y sus familiares. 



“Lo que pretende esta iniciativa es combatir la corrupción y la impunidad que impera en este tipo de casos. Como lo hemos visto en diversos momentos, muchos servidores públicos utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos, para el lavado de dinero y el ocultamiento de recursos”, dijo en entrevista la senadora morenista Nestora Salgado. 



Iniciativa desde marzo


La legisladora, junto con su colega Ricardo Monreal, presentó desde marzo pasado una iniciativa que pretende reformar el artículo 7 de la Ley general de responsabilidades administrativas para impedir que servidores públicos utilicen paraísos fiscales. El dictamen, a cargo de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, había permanecido sin avance estos meses, pero los Pandora Papers revivieron la intención de legislar en la materia. 



La iniciativa propone que los servidores públicos se abstengan de poseer directamente o indirectamente, bienes o capitales de cualquier tipo en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes considerados como paraísos fiscales. En caso de incumplimiento, podrían ser acreedores de sanciones que comprenden desde multas económicas y la suspensión temporal del cargo, hasta la destitución e inhabilitación de 10 a 20 años para desempeñarse en el servicio público.