Por ‘asuntos políticos’, SIOP estaría por cancelar obras en Papantla
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Por supuestos intereses políticos del alcalde perredista de Papantla, Mariano Romero González, habitantes de más de 20 comunidades podrían perder la obra de reconstrucción de una carretera, cuya inversión rebasa los 32 millones de pesos.
A través de presuntos operadores políticos, Mariano Romero y el secretario del ayuntamiento, Octavio Tremari Gaya, habrían creado un grupo de “personas inconformes” para impedir que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) rehabilite el acceso carretero Halliburton a Cruz Verde.
Ambos funcionarios afines al Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde el gobierno local habrían creado “opositores”, encabezados por Sixto Vicente, quien alardea ser un enlace con los agentes municipales de localidades como Donato Márquez, a cargo de Norma Maldonado; de Cabellal, Felipe Vicente, y de La Grandeza, Domingo Villanueva.
Supuestamente en el grupo opera la presidenta de la colonia Manantiales en Papantla, Griselda Larios, quien sería operadora política del PRD. Participó como voluntaria de la asociación civil “Amar Papantla” propiedad de Romero González. Una vez ganada la elección municipal, la joven fue contratada en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los supuestos agentes inconformes también forman parte de una organización que dirigiría el actual presidente municipal en la zona que limita con Poza Rica. Desde que autoridades de la SIOP dieron el banderazo de inicio de la obra el pasado 22 de diciembre, se revelaron en contra de los trabajos.
Los dirigentes de las localidades exigen al Gobierno del Estado reconstruir la carretera Halliburton a Cruz Verde con concreto hidráulico y no con asfaltado, ya que dicho material no dura muchos años.
Las confrontaciones pondrían en riesgo que la obra sea cancelada y perder un presupuesto de más de 32 millones de pesos autorizados para rehabilitar 17 kilómetros de acceso como parte de la primera etapa. En caso de ocurrir las familias de más de 20 zonas rurales resultarían afectadas.
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas habría advertido que de continuar las inconformidades el beneficio será asignado a otro municipio para evitar que los recursos sean devueltos a la federación.