Pide Encinas a Veracruz y estados más apoyo en búsqueda de personas

El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pidió a las fiscalías de los estados mayor compromiso para actualizar el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

También requirió su apoyo en lo que se requiere al banco de datos genético para la identificación de cuerpos.

Lo anterior en su participación en el Encuentro Latinoamericano 2020 Abramos Horizontes Ante las Desapariciones “México ante la Crisis de Personas Desaparecidas”.

El funcionario refirió que en el país se calculan 60 mil personas desaparecidas, sin embargo, los datos siguen recabándose; alertó que Veracruz es una de las entidades en donde se han hallado más fosas clandestinas del país.

“Estamos justamente en el recuento de los datos que están haciéndonos llegar las fiscalías de los estados para poder contar cada día con mejor información respecto a la situación del número de personas desaparecidas; el tiempo en que estas desaparecieron, cuántas de estas fueron ya identificadas o encontradas con vida y el contexto en que se han dado estas desapariciones”, explicó.

Recordó que en México solamente el dos por ciento de los delitos se judicializan y solamente el uno por ciento se castiga, de ahí que a la par de dichas acciones se debe de abatir la impunidad, que impera en materia de desaparición forzada.

“En el caso de desaparición forzada, también hay que señalarlo, no hay ninguna sentencia al respecto al momento en nuestro país. Ese es el indicador más lamentable del nivel de impunidad con que se comete este delito en el ámbito nacional”, destacó.

Admitió que ha habido pocos avances en materia de desaparecidos en el actual gobierno, por ello se necesita hacer uso de todos los mecanismos, incluyendo la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y sus similares estatales.

“Porque si bien ya tenemos una Ley General contra Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, estableciendo la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, un Sistema Nacional de Búsqueda y el establecimiento de comisiones locales, así como la creación de una base de datos genéticas, el registro nacional de personas desaparecidas, lo cierto es que en su primer año de implementación lamentablemente no tuvo ningún avance”.

Dijo que después de que se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas también se fortaleció a la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyas acciones se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19.

“A estas alturas del año hemos canalizado a las distintas comisiones locales de búsqueda 272 millones 800 mil pesos, recursos que ya están canalizados a las comisiones locales de los 341 millones de pesos que tenemos programados este año como subsidio para el fortalecimiento de las comisiones locales”.

Adelanto que también se busca la construcción y aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, no obstante, hay gobiernos estatales que están poniendo trabas.

“Ahí van a enfrentarse a inercias y resistencias; en donde encuentro yo los principales problemas en el ámbito de las fiscalías y de los estados y ya no digamos en las tareas de búsqueda en el ámbito municipal si no en aspectos fundamentales como la identificación forense, hay muchas resistencias por reconocer la magnitud del problema”, expuso

Añadió que el sólo hecho de hacer público los datos sobre desapariciones, de fosas clandestinas, de cuerpos exhumados ha ocasionado reclamos de gobiernos de los estados, que siguen en una lógica de querer minimizar u ocultar el problema.

“Más del 50 por ciento de las fosas clandestinas que hemos encontrado a lo largo de este gobierno, del primero de diciembre al 31 de mayo se da en cinco estados de la República: Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa.

“El mayor número de cuerpos exhumados, que es distinto al número de fosas, lo que también habla del comportamiento de los grupos delictivos, cerca del 50 por ciento se da en Sinaloa, Jalisco y Michoacán”, indicó.

De esta manera, en cuanto a la creación del Registro Nacional de Víctimas, explicó que el objetivo es que sin necesidad de que medie una denuncia, o incluso sin necesidad de que se identifique la víctima, pueda denunciar vía electrónica o personalmente en la Comisión Nacional de Búsqueda.

“De nueva cuenta aquí va a haber resistencias; yo quiero decirlo con todo respeto, pero hay que señalarlo, la autonomía que se le ha otorgado a las fiscalías sin lugar a duda es muy importante, la autonomía del ministerio público de la autoridad federal y estatal puede ser un instrumento muy importante para avanzar en materia de combate a la impunidad, pero lamentablemente no se ha avanzado en ello.

“La resistencia en los cambios, ahora bajo el argumento de la autonomía de las fiscalías puede ser claves para no tener resultados con la velocidad que las familias y víctimas quisieran”, alertó.

Añadió que “falta muchísimo” para integrar una base de datos genéticos con las fiscalías estatales que hasta ahora se mantienen dispersas y no están trabajando de manera conjunta y en cuanto al Registro Nacional de Personas Desaparecidas; “hay avances, pero se requiere el apoyo de las fiscalías”.

“Por supuesto, requerimos la actualización de la información de las fiscalías, no solamente para el registro de las personas que se encuentran desaparecidas, también para aquellas que ya aparecieron”, refirió.