Denuncian pésimo servicio de salud para sindicalizados de Coatzintla
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Desde hace cinco meses, a los hijos de los empleados municipales de Coatzintla despedidos les fue suspendido el servicio médico, mientras que a los trabajadores activos les regatean la atención clínica y retardan el suministro de sus medicinas y análisis.
Los obreros adheridos al Sindicato de Empleados Municipales “Mártires del Río Blanco” acusaron que, además de dejarlos sin empleo, el alcalde César Ulises García Vázquez también atenta contra su salud y la de sus hijos, algunos enfermos y otros con discapacidad.
Es el caso del pequeño Juan de ocho años de edad, quien requiere ser atendido por un cardiólogo por un padecimiento que le causa color morado la piel, ojos, párpados y las uñas. Sus padres no tienen dinero para un especialista.
Tomás Garcés Cruz, su padre, trabajaba en el área de panteones. El 3 de enero del 2022 fue despedido por presuntamente ser uno de los “operadores políticos” de la ex alcaldesa Patricia Cruz Matheis, del PRD, partido que abanderó antes al actual alcalde, ahora integrante de Morena.
Otro caso es el de la señora Blanca Lucero Maldonado quien padece de tiroides. Desde el 20 de abril espera la autorización de los funcionarios locales para que le surtan sus medicinas.
Por el retraso del trámite perdió una consulta programada para el 17 de mayo, y una orden de análisis generales. Desde entonces se ha presentado en cuatro ocasiones al ayuntamiento para solicitar informes, pero solo le responden que la documentación está incompleta o que la síndica no ha “bajado” la documentación que certifique la necesidad médica.
Una semana después, al acudir nuevamente, le argumentaron que sus fármacos no estaban surtidos porque el alcalde “no había autorizado”.
En la secretaria del ayuntamiento le argumentaron que para la autorización su líder sindical tiene que acercarse con el presidente municipal.
Al respecto, el secretario general del sindicato, Enrique Ramírez López, indicó que los más perjudicados son los hijos de los trabajadores y que tienen discapacidades, ya que además de las atenciones también requieren de medicamentos de control.
La actual administración aprueba solo comprar medicinas similares.
Son tres casos de menores de edad y un joven con capacidades diferentes y que requieren atención controlada con medicamentos de patente. En las mismas condiciones tratan a los sindicalizados de la tercera edad y con enfermedades crónico degenerativas. “Está jugando con la salud de nuestros compañeros”, refutó.
Mencionó que el alcalde, César Ulises García, viola los estatutos del Contrato Colectivo de Trabajo al cancelarles los servicios clínicos de un hospital particular, ubicado en Poza Rica, como lo establecieron dentro de las cláusulas laborales.
Incluso –agregó– a los obreros activos, durante una emergencia, los canalizan en el centro de salud del fraccionamiento Olmecas, pero primero la tesorera debe autorizar el pase de atención, después el alcalde debe firmarlo y nuevamente regresar a la tesorería.
Cuando les dan la autorización los empleados deben correr con suerte para encontrar al doctor de esa clínica, ya que frecuentemente se ausenta. Una vez atendidos deben esperar a que el presidente municipal firme el permiso y que la tesorera apruebe la adquisición y suministro de los medicamentos, trámite que demora hasta una semana.
En el caso de los análisis clínicos esto se prolonga hasta un mes; “es muy deplorable, inhumana y violatoria de los derechos humanos”, reprochó Ramírez López, al recalcar que dentro de su contrato se estipula que deben recibir atención médica y medicinas en el hospital San José.
