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Denuncia reportera a titular de Comunicación Social de Poza Rica

Denuncia reportera a titular de Comunicación Social de Poza Rica

La comunicadora Lidia Alejandra López Castañeda interpuso una denuncia ante la Contraloría Municipal en contra de la directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Poza Rica, Beatriz Bonilla Herrera, por omisión a los actos de violencia y discriminación que afirma recibió por parte del hijo del alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo.

La tarde de este 9 de julio, la periodista formalizó su queja en contra de la servidora pública por “desatender y mostrar indiferencia” sobre una supuesta agresión cibernética, acoso y violencia de género de la que fue víctima desde el domingo pasado, presuntamente por parte del académico Francisco Javier Velázquez Straffon, hijo del presidente municipal.

López Castañeda indicó que por la ley que regula la comunicación social, la directora debería atender o mostrar apoyo hacia quien labora en empresas periodísticas.

Exhortó a los integrantes del cabildo para que realicen lo pertinente, que a su parecer es exigir la destitución de Bonilla Herrera, ya que desde hace dos años, por medio de cuentas falsas de redes sociales, habría orquestado una campaña de desprestigio y discriminación en contra de reporteros que publican irregularidades de la administración municipal.

Hasta este jueves, solo la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Norma Arango, le ofreció apoyo moral, jurídico y psicológico para proceder en contra del supuesto agresor.

El domingo pasado López Castañeda criticó desde su cuenta personal de Facebook el fallecimiento de un tercer servidor público presuntamente por COVID-19.

Unas horas después, también en redes sociales, Velázquez Straffon respondió “con calificativos y palabras ofensivas” a la periodista por exhibir al gobierno municipal que encabeza su padre.

>> Reportera denuncia a hijo del alcalde de Poza Rica

Otras denuncias

El pasado 20 de marzo el regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Eloy Núñez León, también denunció ante la Controlaría a Bonilla Herrera por presuntas agresiones y coartar la libertad de expresión de varios periodistas.

En el documento marcado con el número TOA-145-2020 el edil exigió una investigación y se le determine una responsabilidad a la servidora pública, quien es hermana de la actual diputada federal, Raquel Bonilla Herrera.   

Describió que el 5 de marzo, durante el programa de "Jueves de Puertas Abiertas", Beatriz Bonilla Herrera agredió y obstaculizó la labor de al menos cuatro reporteros que cubrían una protesta de ciudadanos que exigían mayor apoyo para deportistas.

A casi cuatro meses la Controlaría, a cargo de José Manuel Lugo Dauzón, no ha emitido o no ha exhibido si es que hubo alguna sanción en contra de la directora.

En contraparte, durante el 2018, varios otros comunicadores fueron víctimas de acoso y hostigamiento, como fue el caso de los reporteros Jazmín Morales, Mario Noriega, María Elena Mancilla y María Elena Ferral, ésta última asesinada a finales de marzo de este año.

En esa reunión, frente al alcalde Francisco Javier Velázquez, se expuso que los integrantes del departamento de Comunicación Social fotografiaban a los trabajadores de los medios de comunicación que criticaban las supuestas irregularidades del gobierno local.

Lidia López también recordó el caso del reportero Fernando Barrientos, que fue exhibido por redes sociales oficiales del Ayuntamiento por haber entrevistado a una persona con discapacidad y de la tercera edad que se inconformó porque no fue bien atendida por los trabajadores de confianza de la actual administración.

“Eso lo utilizaron como un sarcasmo prácticamente en contra del compañero Fernando Barrientos que cumplió con su función de informar a la sociedad de lo que ocurría con la señora que pedía apoyos.

“No es posible que Comunicación Social genere un video en las redes sociales del gobierno de Poza Rica y todavía envíen un boletín para que los periódicos exhibieran a Fernando Barrientos como una persona dedicada al amarillismo, porque finalmente las propias autoridades reconocieron que la adulta mayor no recibía apoyos a pesar de que ya lo había solicitado pero se lo habían negado”, expresó.


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