Acusan de amenazas a funcionarios de Orizaba
Habitantes del Fraccionamiento Jardín Dos acusaron al Ayuntamiento de Orizaba de intentar apropiarse de un área verde para la construcción de locales comerciales, además de haber derribado una palmera de más de 20 años de edad.
Debido a que afirman haber sido amedrentados y amenazados por presuntos trabajadores del ayuntamiento, responsabilizan al presidente municipal, Igor Rojí López, de lo que les pudiera suceder a ellos y a sus familias.
Recordaron que desde el pasado 26 de junio el contralor municipal, José Manuel Barquet Agis, acompañado por Policías Municipales y por la coordinadora de Participación Ciudadana, Cristina Estadelman, y quien coordina a los jefes de manzana en la Zona 01, llegaron al área, derribaron una palmera y comenzaron a hacer excavaciones.
"Esta área está sustentada como una área verde que nos proporciona oxígeno y aunque está chiquita los niños pueden jugar. Nosotros no sabemos por qué el ayuntamiento vino a derribar una palmera que tenía 20 años. No necesitamos aquí locales comerciales, nosotros queremos permanecer nuestras áreas verdes".
Puntualizaron que el Gimnasio Chirimoyo, que se encuentra ubicado en el mismo fraccionamiento, también fue edificado en un área verde que pertenecía a la unidad habitacional.
"El gimnasio también era un área verde que se le daban mantenimiento por parte de los vecinos, hasta ahorita cada persona que quiere entrar tiene que pagar 150 pesos mensuales".
Asimismo señalaron que a nueve familias de la calle Laureles 6 el ayuntamiento les ha negado el poder obtener un avalúo de sus viviendas y permisos de construcción, esto debido a que presuntamente no quisieron entregar un área verde que se encuentra encerrada, la cual no tiene entrada ni salida.
"Nueve vecinos de la calle Laureles 6 estamos vetados por este gobierno, yo no puedo sacar un avalúo catastral, no puedo ampliar sala, no puedo sacar ningún tipo de permiso porque ellos quieren que les entreguemos un área que está encerrada y que no tiene entrada ni salida de nuestras casas y hemos sido amedrentados y amenazados porque a fuerza quieren que vendamos nuestras casas al precio que este ayuntamiento quiere pagar", dijeron.
Puntualizaron que el ayuntamiento que encabeza Rojí López está violentando sus derechos al negarles trámites.
El fraccionamiento cuenta con más de 180 habitantes, los cuales entregarán un documento al ayuntamiento para que las áreas verdes sean respetadas y preservadas.
Recordaron que desde hace 15 años los colonos instalaron, con recursos propios, una pluma para regular el ingreso de vehículos, además de una caseta de vigilancia la cual, afirman, pretende derribar el ayuntamiento para construir locales comerciales para “familias vulnerables”.
"También exigimos que nos regresen nuestra pluma porque alguien por ahí se la llevó, el ayuntamiento se la llevó para arreglarla y es la fecha en que no ha sido devuelta”.
Finalmente las ciudadanas Ana Gabriela Coronado, Celia Sotomayor, Adriana Romero y la jefa de manzana de la zona 1, Paula Reyes, exigieron una sanción para la persona que ordenó y ejecutó la tala de la palmera.
