Acusan a Policía de Orizaba por detención ilegal; exigen intervención de CGJ

Familiares de Gerardo R. P. denunciaron mediante una carta pública y dirigida al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la detención ilegal de la cual fue víctima el pasado 31 de mayo.

En la misiva se relata que Gerardo fue detenido en el bar de su propiedad de nombre “La Covacha”, sin saberse hasta el momento los motivos reales.

“Cabe hacer mención, misteriosamente este hecho no se mencionó en ningún espacio noticioso comercial o redes sociales, como si no hubiera existido”, expresan los familiares, quienes revelan que fue después de las 15:30 horas cuando sujetos fuertemente armados ingresaron al negocio, el cual permanecía cerrado por limpieza, y en donde sometieron y arrojaron a Gerardo detrás de la barra, donde quedó inconsciente al escuchar múltiples detonaciones.

Tras recobrar el conocimiento –señalan- elementos policiacos ya se encontraban resguardando el lugar; los oficiales detuvieron a Gerardo en ese mismo sitio alrededor de las 21:30 horas, donde fue subido a un vehículo no identificado y sin una orden judicial.

Los familiares no supieron de su paradero hasta la madrugada del martes 1 de junio, después de haber recorrido diversas fiscalías en la zona centro y les fuera confirmado que estaba en calidad de detenido en las instalaciones de la Fiscalía de Orizaba.

Es ahí donde las irregularidades se vuelven más fuertes. Gerardo fue incomunicado desde que salió del local, además que no se tenía registro de la detención e incluso no hay un acta que hable del cateo del negocio. Se habla de víctimas mortales, aunque no se sabe que alguna haya sido localizada al interior del restaurante.

Por tal motivo los familiares y abogados del ahora inculpado piden la intervención del gobernador pues en el caso sus testimonios han sido prácticamente anulados, al igual que las pruebas presentadas.

“Señor Gobernador, lo único que exigimos es trato justo conforme a derecho, sin más ni menos a favor, simplemente que se nos garantice la transparencia y legalidad durante todo el proceso, y se detengan esas viejas prácticas que sólo dañan la credibilidad en la impartición de la verdadera justicia, al asignar la culpa a quienes tienen la mala suerte de ser víctimas de la delincuencia”.