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Cisneros: patrimonio bajo sospecha

Columna: Al pie de la letra




Luego de haber coordinado la estructura electoral de Morena en los comicios de 2018, en los que el partido obradorista ganó la Presidencia de la República y la gubernatura, las dos senadurías y la mayoría de las diputaciones locales y federales en Veracruz, Erick Cisneros tenía planeado retornar a Baja California Sur, la entidad donde llegó a residir durante su adolescencia luego de que por razones laborales, su padre tuvo que mudarse de Otatitlán, en la Cuenca del Papaloapan.

En aquella entidad peninsular se graduó de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y luego cursó una maestría en Finanzas en la Universidad Internacional de La Paz. Allá fue asesor del exgobernador Narciso Agúndez Montaño, de la alianza PRD-Convergencia, el cual fue encarcelado en 2012 por peculado y exonerado en 2014; también se desempeñó como tesorero municipal de Mulegé; fue diputado suplente por el 04 distrito local electoral en la IX Legislatura del Congreso del Estado, y posteriormente, en 2015, se integró como asesor al grupo legislativo de Morena en el Congreso de la Unión, que era coordinado por Rocío Nahle y del cual formaba parte el diputado federal xalapeño Cuitláhuac García Jiménez, quien por primera vez fue postulado a la gubernatura en 2016.

Desde entonces data la relación del mandatario veracruzano con Cisneros, quien lo convenció de integrarse a su gabinete como secretario general de Gobierno, cargo donde ha concentrado y ejercido un gran poder que obviamente le ha generado fuertes críticas de la oposición y celos políticos e inclusive enconos entre algunos morenistas.

Los opositores y hasta sus propios correligionarios le atribuyen, por ejemplo, la persecución política que desde la Fiscalía General del Estado se ha desplegado en contra de los adversarios de Morena, pues la fiscal Verónica Hernández Giadáns, su incondicional, saltó a finales de 2019 de la Dirección Jurídica de la Segob a la FGE. Pero también tiene el control de la representación estatal de la Fiscalía General de la República, ya que el delegado de la FGR, Gonzalo Medina Palacios, anteriormente dirigía el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, también dependiente de Cisneros.

Por eso, aparentemente ni se inmutó cuando a principios de enero pasado fueron arrojados 9 cadáveres en el municipio de Isla y circuló un video en el que un grupo de sicarios interrogaba a un presunto sobrino suyo que radicaba en Quintana Roo y que supuestamente fue traído por Cisneros a Veracruz para “calentar” la plaza.

Por este suceso, que tuvo resonancia nacional, la prensa bajacaliforniana publicó que el secretario de Gobierno de Veracruz era el presunto propietario de un rancho valuado en 20 millones de pesos en el poblado de San Pedro, al sur de la capital del estado.

Y ahora es señalado de ser el dueño de una majestuosa mansión que ocupa toda una manzana en el fraccionamiento Santa María, sobre la carretera Coatepec-Xico, de la familia de Erich PiusKaufmann Cervantes, un coatepecano que es titular de la Notaría Pública número 31 en Los Cabos, y cuya administradora y representante legal de otras empresas es Henia María Cisneros Burgos, hermana del funcionario morenista.


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