Al pie de la letra
Columna: Raymundo Jiménez
Por supuesto que Veracruz no alcanza todavía los índices de violencia y criminalidad de otros estados como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Baja California, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas y Chiapas, pero ello no es motivo para resignarse.
En la entidad veracruzana no cesan las ejecuciones y ahora han vuelto los asaltos de grupos armados en carreteras federales en la zona de Maltrata, en los límites con Puebla.
Ayer, en Poza Rica, fue acribillada con más de 70 balazos la activista, política e influencer Zayma Zoraya Zamora, conocida popularmente como “Lady Pestañas”. Su hija Zayma “N” resultó herida.
Este martes también, en esa misma región, fue ejecutado un integrante de la Fuerza Civil en Papantla. Vecinos del llamado Llano Papanteco localizaron su cuerpo sin vida, el cual presentaba un balazo en el cráneo. Fue identificado como Abel S. T., de 42 años, con domicilio en la localidad Ocotillar, del municipio totonaco. Según declaró su hermano Marcelo “S”, el oficial recién acababa de llegar de la capital del estado. El elemento policiaco, que viajaba a bordo de una motocicleta, fue interceptado por sus victimarios en el camino de terracería que conduce a la localidad de Puxtla hacia Tres Naciones, a la altura de la comunidad El Cedral.
La tarde de este domingo pasado, en pleno juego de fútbol en un campo deportivo de la localidad del Pueblo de Las Flores, municipio de Fortín, fueron acribillados Gerardo Trejo Cruz, alias “El Trejo”, y Alberto Hernández Serafico, de 52 y 40 años, respectivamente.
De acuerdo con versiones periodísticas, Trejo Cruz contaba con un amplio historial delictivo. Fue detenido en el año 2012 junto con Christopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”, e Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, supuestos integrantes del cártel de Los Zetas que hace 11 años mantenían asolada la ciudad de Córdoba.
La revista Proceso publicó en su momento que, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el fiscal investigador especializado Pedro Alberto Huesca Barradas, los detenidos revelaron que recibían favores y protección de funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a los cuales pagaban desde 10 mil hasta 80 mil pesos mensuales por la recuperación de vehículos, principalmente camiones de carga, y bienes inmuebles que les eran asegurados.
La organización civil Causa en Común acaba de dar a conocer un trabajo de investigación sobre las “atrocidades” registradas en todo el país durante el primer semestre de 2023. De las 6 mil 460 víctimas reportadas, Veracruz encabeza esa lista con 899.
Ante esta situación, las autoridades estatales no deberían minimizar estos hechos ni desacreditar los datos.
El secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien aspira a la gubernatura de 2024 y no solo tiene pleno control de la Secretaría de Seguridad Pública sino también de la Fiscalía General del Estado y de la delegación estatal de la FGR, estaría obligado a aplicarse mejor y evitar distraerse muy anticipadamente en aventuras electorales.
Sería mucho mejor “campaña” que pintar bardas y colocar decenas de anuncios espectaculares.
