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Soluciones y retomar diálogo, exigen colectivos al Gobierno de Veracruz

Soluciones y retomar diálogo, exigen colectivos al Gobierno de Veracruz
Soluciones y retomar diálogo, exigen colectivos al Gobierno de Veracruz

El Colectivo Madres en Búsqueda exhortó al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez soluciones y no solo disculpas, por la desaparición forzada de sus familiares en el 2015 durante el operativo policiaco Blindaje Coatzacoalcos.

Belén González Medrano representante del colectivo, pidió al mandatario estatal retomar el diálogo, ya que se han quedado muchas cosas pendientes desde  el 2019 que se sentó con los familiares de las víctimas para iniciar un trabajo juntos y que hasta el momento no se ha cumplido.

“Necesitamos sentarnos a la mesa a trabajar, desde el 30 de septiembre del 2019 que usted vino a trabajar con los colectivos aquí a Coatzacoalcos quedaron muchas cosas pendientes en la mesa y necesitamos que la retomen necesitamos que nos de una respuesta y que se vuelva a sentar con las familias, necesitamos soluciones” expresó.

Durante el evento de disculpa pública de parte del Gobierno y la Fiscalía General de Veracruz, Belen González Medrano, madre de Jacob Vicente, exigió ir más allá de la disculpa y pidió al gobernador Cuitláhuac García, garantizar a los colectivos de desaparecidos el derecho a una audiencia.

Asimismo, dijo que el 16.7 por ciento de las personas desaparecidas que hay en todo el país, según el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, son de Veracruz con una cifra de 943, aseguró Belén González, presidenta de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Coatzacoalcos.

“Quiero hacerle un recordatorio sobre el acto número uno de su gobierno aquel 1 de diciembre del 2018, donde históricamente usted reconoció la problemática sobre las desapariciones en el estado de Veracruz a través del programa emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz:”, dijo al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

Detalló que el área encargada de su implementación no solo no cumplió con el objetivo de fortalecer y consolidar políticas públicas en el tema, sino que en su momento confrontó a las familias, lo cual imposibilitó su participación como familiares y eso dejó a la administración en los altos estándares internacionales reconocidos en la declaratoria, en un papel modesto, confrontativo y poco esperanzador, tanto en la construcción de paz, como en el avance que pudiera significar para los casos de las violaciones de derechos humanos.

Explicó a pesar de los esfuerzos, los pendientes que duelen y lastiman las familias lo siguen sufriendo pese a la creación de nuevas instituciones o la destinación de recursos para su funcionamiento.


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