Xalapa | 2021-04-22 | Leticia Cruz
Tras la puesta en marcha de la ley que obligaría a los usuarios de teléfonos celulares a dar sus datos biométricos y así crear un padrón nacional que, según autoridades, ayudaría a combatir delitos como la extorsión, abogados de Xalapa se sumaron a las voces en contra y buscarán promover amparos en contra de esta legislación. Acusaron que no se define cómo se van a usar los datos, cuáles serán los mecanismos de protección y no hay certeza de que las empresas de telefonía van a tener protocolos de seguridad.
Si no hay cuidado en el manejo de estas bases de datos biométricos y una infraestructura adecuada, podrían ser vulnerables un robo y al haber legislado al vapor, no existen los mecanismos adecuados de protección especificados en la ley, lo que evidencia una falta de técnica legislativa y vulnera el principio de presunción de inocencia,.
Integrantes de la firma Aguirre & Montoya, quienes fueron los primeros en lograr un amparo en el estado en contra de la entrega de los datos biométricos, llamaron a los xalapeños que lo deseen tramitar 50 amparos gratuitos en esta capital y 50 en la Ciudad de México.
“Personas que tengan FIEL y factura de su línea. Estamos viendo cómo acreditar la titularidad de la línea y en este momento ofreceríamos 50 amparos gratuitos a quienes tengan firma electrónica para hacer el trámite”, destacó el abogado Argel Humberto Aguirre García.
El despacho está en la posibilidad de tramitar 50 juicios de amparo de manera gratuita y expuso que aunque están circulando “machotes” de juicios, se debe contar con el respaldo de un abogado para que el amparo llegue a buen puerto.
El abogado Luis Miguel Rodríguez Alemán expuso que el juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión; concedió la primera suspensión.
“Somos el primer despacho en el estado que logró una suspensión provisional contra esta ley. El argumento que estamos planteándole al juez de distrito es que los datos biométricos además de ser inconstitucional, vulnera nuestra determinación informativa. Nosotros tenemos el derecho de decidir quién usa nuestros datos personales, quien no. El amparo que se presentó plantea que sea un órgano jurisdiccional quien nos otorgue la protección constitucional“.