Cosoleacaque | 2020-02-08 | Mario Zepeda | Ariadna García
Eliminar el tipo penal de feminicidio, como plantea el fiscal Alejandro Gertz Manero, atenta contra el derecho internacional de los derechos humanos y resulta un retroceso para el país, aseveró en exclusiva para el Corporativo Imagen del Golfo la abogada feminista y especialista en derechos humanos, Esmeralda Lexciur Ferreira.
Y es que México ha contraído compromisos internacionales al firmar y ratificar convenciones como la Convención Belém do Pará que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres desde 1994, así como la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
“En ambos se ha establecido, y México está obligado a hacerlo valer, a tomar las medidas necesarias, incluso de tipo legislativo, en todos los ámbitos como el penal, de moldear figuras que específicamente se dediquen a dar respuesta para combatir la violencia hacia las mujeres”, dijo.
En 2008 la CEDAW recomendó a México que era necesario homologar sus criterios de feminicidio a nivel nacional y se hicieran los esfuerzos para generar investigaciones con protocolos de feminicidio.
“Además de que la Suprema Corte de Justicia en el 2015 con el caso Mariana Lima Buendía también reafirmó el compromiso y la responsabilidad que tiene México de tipificar el delito de feminicidio y de investigar las muertes violentas de las mujeres como si fueran feminicidio”, añadió.
La reforma planteada por Gertz Manero atenta contra todos los derechos progresivos que ya se han alcanzado en el tema de feminicidio.
Desde el punto de vista social consideró que se trata de una lucha constante que han tenido que manejar mujeres, familias y colectivos que están buscando justicia.
En Veracruz se tiene un delito establecido desde 2011 y desde entonces se reconoce que la privación de vida de las mujeres, cuando es por razones de género, se puede llamar feminicidio y establece las razones de género.
“El señor fiscal general lo que está diciendo en pocas palabras, su fundamento que no es jurídico sino de una precisión, es que es muy difícil para la Fiscalía poder acreditar el delito de feminicidio y el genera que no se tengan resultados favorables”, añadió.
No obstante sostuvo que no se trata de una razón jurídica ni corresponde a la realidad social puesto que hay que nombrar que existe la violencia de género contra las mujeres y que son asesinadas por el hecho de ser mujeres.
Dado que el 99 por ciento de los casos de feminicidios queda en impunidad lo que debe importar y preocupar a la Fiscalía es qué está pasando con los fiscales, que son incapaces de poder clarificar el delito.
“Eso es sumamente preocupante (...), eso tiene que ver con capacitación, con pericia, diligencia para hacer las cosas y lo que él está proponiendo francamente es decir ‘como no puedo resolver el problema y no quiero capacitar, o no me interesa, es más fácil desaparecer el delito’. Es aberrante, triste, y habla socialmente e institucionalmente muy mal de la Fiscalía”.