Se libra Gobierno de Veracruz de pagar más de 100 mdp con resoluciones de TRIJAEV

Empresas presentaron facturas intentando cobrar a Gobierno de Veracruz de manera indebida

Xalapa | 2023-06-12

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, Leticia Aguilar Jiménez estimó que a través de diversas resoluciones se evitó que el Gobierno de Veracruz pague más de 100 millones de pesos por cobros indebidos.

Explicó que algunas empresas reclamaban pagos por diversos montos desde el año 2013, pero al revisar los expedientes se verificó que nunca entregaron el bien o el servicio.

Señaló que nunca hubo constancia de que realmente hayan cumplido con obras o servicios y sin embargo presentaron facturas intentando cobrar a dependencias del gobierno estatal de manera indebida.

Aclaró que conforme a la ley, dentro de los más de 5 mil expedientes de rezago que recibieron del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, encontraron algunos donde se exigían pagos a dependencias del gobierno estatal.

Al analizar los expedientes, la magistrada presidenta comentó que detectaron que no había contratos ni ninguna relación comercial entre la dependencia y el proveedor, y que éste únicamente presentaba como pruebas las facturas.

En otros casos, Leticia Aguilar Jiménez indicó que donde si había contratos, las dependencias acreditaban el pago por los servicios o bienes, pero el proveedor buscaba realizar más cobros.

Incluso dijo que resolvieron un expediente, donde una empresa había falsificado documentación, la cual presentó como prueba para exigir un pago, ante lo cual, además de resolver en su contra, también dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para investigar y resolver conforme corresponda.

Mencionó que en otros casos, donde las pruebas y la ley están del lado del empresario, se han confirmado pagos a proveedores.

De igual forma comentó que también algunas autoridades buscan evitar el pago de multas por la no ejecución de laudos, y en ese sentido, dijo que no han podido resolver a favor de las autoridades por tratarse de material laboral, que corresponde a otra jurisdicción.

.
.