Xalapa | 2024-05-27
El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (CEM), Fernando Arana Watti, solicitó a la Contraloría General del Estado que investigue la posible existencia de una red de empresas fantasmas, supuestamente creadas por la administración de Cuitláhuac García Jiménez para desviar recursos.
Según Arana Watti, es necesario esclarecer si el gobierno actual ha replicado prácticas de administraciones anteriores para desviar recursos como la de Javier Duarte, utilizando a beneficiarios de programas sociales como prestanombres.
El empresario también instó al Congreso local, particularmente a la Comisión de Vigilancia y al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), para que revisen esta situación.
La inquietud surge a raíz de un reportaje del medio nacional Animal Político, el cual revela que más de 439 millones de pesos fueron asignados a través de contratos simulados a empresas cuyos socios eran beneficiarios de programas sociales.
"Lo que le pediríamos a nuestros legisladores y a nuestra Contraloría pues que sea investigado y realmente que se lleve a la luz", declaró.
Arana Watti argumentó que es común ver la creación exprés de empresas cada vez que una nueva administración toma el poder, lo que facilita la desviación de recursos con sociedades empresariales de reciente creación.
El líder empresarial explicó que estas empresas suelen constituirse rápidamente y son favorecidas en licitaciones mediante mecanismos como la simulación de competencia o la declaración de convocatorias desiertas, lo que permite la adjudicación directa de contratos.
Según Arana Watti, "el tema de las empresas fantasmas habría que investigarlo, lo hemos pedido siempre desde otros sexenios anteriores que nosotros tenemos que investigar y se tiene que ir al fondo de esto.
"Creemos que las empresas que surten al sector gubernamental cuentan con ciertas empresas ya formadas con tiempo de anticipación, con cierta experiencia en lo que están vendiendo, surtiendo, construyendo, por lo tanto, las creadas se notan realmente".
El reportaje mencionado, publicado el 27 de mayo, detalla cómo se utilizaron domicilios de personas que recibían ayudas sociales para crear empresas.
Posteriormente, se les hacía firmar documentos que transferían la titularidad a administradores, simulando así una participación legítima en licitaciones de obras.