Xalapa | 2024-04-09
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó la posible ampliación de la investigación sobre posibles desvíos de recursos públicos anteriores a 2023.
Esto se da después de que presentaron y ratificaron las cuatro denuncias por presunto daño patrimonial en los primeros seis meses de dicho período.
En una entrevista, Jiménez destacó la intención de transparentar el uso de los recursos públicos dentro del Tribunal Superior de Justicia. Además, señaló la posibilidad de realizar auditorías de años anteriores.
"Se van a generar las auditorías que sean necesarias y eso no implica que no podamos auditar hacia el pasado, la idea es que haya transparencia en el ejercicio de recursos públicos", declaró la presidenta del Poder Judicial de Veracruz.
SIGUEN LAS DENUNCIAS
La magistrada también mencionó que, además de la auditoría interna al primer semestre de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció posibles desfalcos en el uso de recursos públicos federales en la institución.
"Es un tema que nos interesa, que haya transparencia en el ejercicio de los recursos y no es un tema particular del Poder Judicial porque ya hay una injerencia de la ASF", añadió.
Jiménez subrayó que será la Auditoría Superior de la Federación quien determine si se cometieron faltas graves durante su investigación y si existirán más denuncias.
"Nosotros por nuestra cuenta vemos todo lo que conlleva la auditoría interna y gestionamos todos los resultados para seguir avanzando en el tema de las denuncias, pero vamos avanzando paso a paso", expresó.
El Poder Judicial de Veracruz (PJEV) ha interpuesto cuatro denuncias por la sustracción de mobiliario, desfalcos, simulaciones de inversión y contratación de presuntas empresas fantasma.
Estas denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción tras comprobar faltas administrativas graves y la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, robo específico, peculado y administración fraudulenta, por un monto aproximado de 50 millones 48 mil 701 pesos en cuatro hechos diferentes.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial en la cuenta pública de 2021 por unos 82 millones de pesos, lo que llevó a procedimientos legales ante la Fiscalía General de la República (FGR).