Xalapa | 2023-08-07
En un llamado urgente a revisar el sistema de medidas cautelares en el ámbito judicial, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, alzó la voz sobre la nueva tendencia de liberación de homicidas, pederastas y secuestradores, gracias a suspensiones provisionales otorgadas por jueces federales.
Aseguró que, en luego de un cambio jurisprudencial, tan solo en los últimos diez días hábiles la justicia federal ha ordenado cambiar las medidas cautelares de presuntos responsables de delitos graves en el Código Penal Federal.
Jiménez Aguirre señaló que las autoridades jurisdiccionales federales están otorgando cambios en las medidas cautelares a través de "machotes", es decir, documentos que no detallan adecuadamente la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por los detenidos, ordenando además su liberación inmediata.
"Son casos de secuestro, homicidio, pederastia, son de los que más o menos nos han llegado", resaltando la magnitud y gravedad de la situación en una entrevista reciente.
La magistrada explicó con preocupación cómo esta problemática se ha desencadenado a través de un circuito diverso que ha generado un cambio jurisprudencial. Este cambio se ha expandido por todo el país, generando una repercusión social de proporciones alarmantes que podría tener consecuencias graves para las víctimas y la sociedad en general.
Uno de los casos más alarmantes que ha llegado a la atención de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia es el del pasado 4 de julio, donde se otorgó una suspensión que favorece a un individuo acusado de haber cometido un acto de violencia contra un menor, resultando en su trágica muerte.
"Lo que me parece alarmante y que es desde el trámite de la suspensión provisional están resolviendo de fondo el asunto; ya nos están diciendo pongan otra medida que no sea la prisión preventiva", puntualizó Jiménez Aguirre, destacando la necesidad de una revisión urgente de estas prácticas.
La presidenta aclaró que la liberación de los presuntos responsables no es una decisión tomada por los jueces del Poder Judicial de Veracruz, sino que es la autoridad federal la que está evitando la aplicación de la prisión preventiva, incluyendo la prisión preventiva justificada, en delitos graves como privación de la libertad, homicidio y pederastia.
"Resulta preocupante que, en sus determinaciones, nos prohíban analizar y razonar acerca de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, limitando nuestro actuar a las primeras 13 medidas cautelares", destacó Jiménez Aguirre.