Xalapa | 2023-05-14
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó una recomendación en la que se denuncia la violación de los derechos de la víctima en un caso en el que un joven perdió la vida y no se han logrado avances para identificar a los responsables.
La recomendación 009/2023 fue presentada por los padres del fallecido, quienes además acusaron a la FGE de presuntamente encubrir a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalados por el joven como los responsables de la golpiza que le costó la vida.
También se reclamó la omisión de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en la realización de diligencias para esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad.
Con relación a las últimas dos instituciones mencionadas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) afirmó que no se ha demostrado de manera concluyente que hayan incurrido en omisiones que vulneren los derechos de la víctima y los afectados.
Hace algunas semanas, tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como la fiscal general Verónica Hernández Giadáns declararon que no aceptarán recomendaciones en casos que hayan ocurrido en administraciones anteriores o antes de su mandato.
Sin embargo, en este caso en particular, los hechos ocurrieron cuando Verónica Hernández ya había sido ratificada en el cargo.
Los eventos se remontan al 12 de diciembre de 2020, cuando la víctima fue ingresada al Hospital Vital, ubicado en la avenida Miguel Alemán de Xalapa. El fallecido informó que fue golpeado por elementos de la policía estatal el 11 de diciembre, alrededor de las 02:45 de la madrugada, en la calle Gregorio López y Fuentes, entre las calles Paraíso y Samaria, en la colonia Tabasco.
Antes de ser encontrado con una lesión craneoencefálica que finalmente le causó la muerte, el joven envió un mensaje de voz a un amigo acusando a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de perseguirlo y golpearlo.
Según la investigación de la Comisión, los padres del joven denunciaron los hechos, y se abrió el expediente DAV-0082/202111, a cargo de la fiscal Priscila Nathaly Santiago Ramón, quien fue señalada por no mostrar "avances significativos en la integración de la carpeta de investigación, evidenciando una falta de debida diligencia en su actuación".
El padre de la víctima expresó en su momento: "Quiero mencionar que mi hijo fue salvajemente golpeado, como lo demuestro en el audio que, adjunto a esta queja, prueba que fueron elementos de la policía estatal quienes provocaron la muerte de mi hijo. Por eso, pido que se castigue a los responsables y se haga justicia por la muerte de mi hijo".
El padre también solicitó a su asesor que presentara denuncias por incumplimiento del deber legal contra la fiscal del caso, el fiscal regional y el fiscal de distrito. Sin embargo, los funcionarios públicos argumentaron que no tenían tiempo para llevar a cabo dichas acciones.
En cuanto al caso de la Fiscalía, se ha comprobado que después de la denuncia presentada por los padres de la víctima, no se han realizado avances, ni siquiera dos años después. El fallecido salió con unos amigos a un evento en el lugar conocido como "40/20" en la plaza comercial "Xanat" la tarde del 10 de diciembre. Pasada la 1 de la madrugada, intentó tomar un taxi para regresar a su destino, pero ninguno quiso llevarlo, por lo que decidió caminar.
Según el testimonio de un testigo, entre las 02:30 y las 02:36 horas, recibió un mensaje de voz en el que el joven explicaba que estaba siendo perseguido por oficiales.
No fue hasta después de las 07:00 horas de esa mañana que se tuvo noticias nuevamente del joven, quien fue encontrado en las calles mencionadas de la colonia Tabasco. Sin embargo, la FGE no solicitó diligencias a otras dependencias ni a domicilios particulares para determinar su paradero durante las horas mencionadas.
Por su parte, la Policía Ministerial debía proporcionar información sobre el contenido de las cámaras de vigilancia que pudieran arrojar luz sobre el paradero del joven, dentro de un plazo de 12 horas después de la denuncia. Sin embargo, estas diligencias comenzaron a llevarse a cabo hasta 15 días después, y varios de los videos ya no estaban disponibles en esa fecha.
Además, los oficios en los que se solicitaron las diligencias ni siquiera tenían los sellos correspondientes para determinar cuándo fueron recibidos o si se llevaron a cabo. Los testigos no fueron entrevistados de manera adecuada y algunos ni siquiera fueron abordados.
Además, no se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas, como una memoria USB proporcionada por un testigo que contenía videos del día en que el joven perdió la vida. Cuando finalmente se intentó realizar el análisis, los archivos no pudieron reproducirse.
La Comisión de Derechos Humanos ha demostrado que hubo meses de "inactividad" en la investigación, lo cual viola el derecho a la justicia pronta y expedita.
Ante todas estas omisiones y deficiencias en el proceso de investigación, la CEDH emitió una nueva recomendación a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, hasta el momento, la FGE no ha aceptado la recomendación y se mantiene en el estatus de "no aceptada".