Xalapa | 2022-11-24
La Comisión hizo un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que evite estigmatizar, denigrar, criminalizar o revictimizar a quienes ejercen el periodismo y a los comunicadores que han sido víctimas de agravios a su integridad y esfera jurídica, con base en las múltiples recomendaciones y criterios emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su relatoría especial de Libertad de Expresión, así como por otros tratados internacionales en la materia.
"No lo criminalicé, yo no lo criminalicé, eso era uno que me antecedió (...) mi opinión fue: ayúdanos a ayudarte y dinos sobre estos temas, para ir sobre los responsables", dijo el Gobernador de Veracruz a manera de justificación.
No obstante, el Ejecutivo estatal dijo que acepta el exhorto de la CEAPP.
Por la mañana, en un comunicado la CEPP expuso: “Respecto al agravio en contra del periodista F. E. H. E., originario de la región de la Cuenca del Papaloapan y que fue víctima de privación ilegal de la libertad el pasado 20 de noviembre del presente año, para después ser liberado en las primeras horas del 23 de noviembre, desde este Organismo Autónomo condenamos la criminalización y estigmatización por parte del titular del Poder Ejecutivo”.
Respecto a que "el periodista debe aclarar por qué vivía en casa de una persona acusada de huachicoleo", la Comisión aseveró: “Al momento de que el periodista fue víctima de los hechos ya conocidos, él prestaba sus servicios profesionales a una estación de radio comunitaria con influencia en municipios de la zona de la Cuenca del Papaloapan y fundada por un empresario de esta región. La sede de este medio de comunicación se encontraba en el mismo inmueble que habitó el empresario ya mencionado.
“No obstante, cabe señalar que el comunicador ingresó a dicho medio de comunicación a principios de agosto del presente año y es importante precisar que el fundador de la radio y quien presuntamente estaba señalado de dedicarse a la venta ilegal de combustible, falleció en mayo de 2022, es decir, cuatro meses antes de que la víctima tuviera relación laboral con los actuales dueños del medio de comunicación.
“Esta información y los datos sobre el contexto en el que la víctima ejercía su libertad de expresión en la región ya están en poder de la Fiscalía General del Estado, única autoridad facultada para la investigación de los hechos y el esclarecimiento del caso”.