Xalapa | 2023-07-04
El Gobierno de Veracruz recibió un nuevo paquete de denuncias penales ante un presunto desvío de dinero público que supera la cifra de 2 mil millones de pesos, recursos que fueron desviados durante el año 2016, el último ejercicio del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) procedió ante la Fiscalía General de la República (FGR) con 7 nuevas denuncias relacionadas con la presunta malversación de fondos.
Según el análisis de la ASF, en el año 2016 se destinaron recursos por un total de 3 mil 968 millones de pesos para ejecutar 43 programas en Veracruz, aunque hubo 11 programas para los cuales el estado no recibió recursos ni celebró acuerdos con el Gobierno Federal. Estos hallazgos están detallados en el informe 1657-GB-GF.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) fue la encargada de recibir los 3 mil 968 millones de pesos y asignarlos a diferentes fondos, convenios y programas. Entre ellos se encuentran el Programa Nacional de Prevención del Delito, el Otorgamiento de Subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, la Expansión de la educación media superior y superior, el fomento de la educación, la cultura y el deporte, así como la prevención de enfermedades.
La ASF realizó un minucioso análisis de 101 instrumentos legales firmados entre el Gobierno Federal y los ejecutores para la transferencia de recursos durante el año 2016, descubriendo que había pruebas documentales de que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado hubiera validado estos instrumentos para transferir el dinero directamente a los ejecutores.
Ante estas irregularidades, la ASF tomó acciones contundentes, presentando denuncias el pasado mes de junio del año en curso.
En su momento requirió a los contralores de distintas dependencias investigar y se aplicar en su caso las sanciones administrativas en dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Agua, la Comisión Nacional Forestal, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La ASF determinó que estas malas prácticas financieras generaron un daño probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,045,665.8 miles de pesos, lo que representa más de la mitad de los recursos auditados.
Estas cifras son alarmantes y se deben principalmente a la falta de informes y documentación que respalden la entrega de recursos a los ejecutores, el incumplimiento en el reintegro de dinero transferido a otras cuentas, la falta de entrega de recursos a los beneficiarios y la retención de rendimientos financieros en cuentas bancarias que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Todas estas irregularidades han llevado a la promoción de las acciones legales correspondientes.