Xalapa | 2020-03-15 | Jesús Ruiz
El exdiputado local desaforado, Erik Iván "N", aseguró ante un juez federal que ministeriales rondan su hogar y andan preguntando a sus conocidos por él, esto al intentar obtener un amparo contra una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo la justicia federal no le ha concedido dicha protección. La autoridad ante la que el exlegislador tramitó el amparo señaló que irregularidades "que deben ser subsanadas" en el trámite.
Erik Iván "N" refirió que el pasado 8 de marzo, en los alrededores de su casa, estuvo transitando una camioneta blanca similar a las usadas por la Fiscalía.
"Adicionalmente, expresa que personas que se ostentan como policías ministeriales federales han estado preguntando a sus conocidos por él, y toda vez que sabe de la existencia de investigaciones abiertas en su contra, es que tiene el temor que se haya girado una orden de aprehensión para privarlo de su libertad".
El juez argumentó que el exdiputado es omiso en precisar el domicilio donde los policías ministeriales que menciona se constituyeron, o en su caso, el domicilio en que actualmente habita y pudiera ejecutarse la orden de aprehensión que reclama.
"Dato que resulta indispensable para fijar la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto, en virtud que señaló múltiples autoridades responsables ejecutoras, con sede, cada una de ellas, en distintas ciudades de la República".
El juez concluyó que la demanda es irregular en cuanto a la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues resultan insuficientes.
Por ello dio un término de cinco días para manifestar la dirección del domicilio en el que actualmente habita o en el cual pudiera ser ejecutada la orden de aprensión que reclama.
"En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo".
Además determinó que el requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo él, por constituir un acto "de carácter personalísimo".
De igual forma hizo de su conocimiento que pudiera incurrir en el delito de quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, que amerita una pena de dos a seis años de prisión y multa de 30 a 300 días al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos.
Cabe señalar que el exdiputado señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del órgano jurisdiccional ante el que tramitó el amparo.